Hace una semana, José Alvaro, de 29 años, y su esposa Ashley salieron a comprar fórmula infantil en Lubbock con sus tres hijos cuando un oficial de Policía los detuvo por un problema con la placa del vehículo. La parada de tráfico ha trastornado la vida de la familia.

El oficial fue “muy amable y gentil” cuando se acercó, y Ashley explicó que su esposo no hablaba mucho inglés y no tenía licencia de conducir. José Alvaro, quien migró a Estados Unidos desde Centroamérica y es indocumentado, le dio al oficial su comprobante de Seguro y su pasaporte.

El oficial llamó entonces a Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Diez minutos después, múltiples vehículos con autoridades federales de inmigración llegaron al lugar.

Los agentes rodearon el vehículo familiar y llevaron a José Alvaro a un centro de detención para su procesamiento.

Dentro del vehículo, su hijo Antonio, de 4 años, comenzó a llorar y preguntó: “¿Qué están haciendo?”. Ashley, de 22 años y ciudadana estadounidense, solicitó que no se publicaran sus apellidos por temor a represalias.

José Alvaro estaba navegando el largo, costoso y complicado proceso de solicitar una ‘tarjeta verde’. Ahora enfrenta procedimientos de deportación y el futuro de su familia es incierto.

“Estoy aterrorizada”, dijo Ashley.

Con el presidente Donald Trump iniciando su prometida ofensiva contra la inmigración ilegal, el incidente resalta los temores de los defensores de los derechos de los inmigrantes de que las interacciones rutinarias con agentes locales puedan conducir más frecuentemente a la deportación de personas indocumentadas sin antecedentes criminales.

La asesora de inmigración de Trump, Karoline Leavitt, señaló que cualquier persona que haya entrado al país ilegalmente ha cometido un delito y enfrenta deportación bajo la administración de Trump.

El caso ilustra los enfoques contrastantes en la aplicación de la inmigración entre las administraciones de Biden y Trump, según Muzaffar Chishti, director de la oficina del Instituto de Política Migratoria en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York.

Ni Ashley ni el abogado de la familia indicaron que José Alvaro tuviera antecedentes penales.

El Departamento de Policía de Lubbock confirmó que el oficial llamó a ICE durante la parada de tráfico, señalando que los oficiales tienen discreción para notificar a las autoridades federales sobre crímenes bajo su jurisdicción.

Ashley y José Alvaro se conocieron después del huracán Michael en 2018, cuando él trabajaba reparando el techo de la familia de ella. Desde entonces, han tenido tres hijos, todos nacidos en Estados Unidos.

Después de la detención, los agentes le dijeron a Ashley que José tendría dos audiencias y una fecha en la Corte para sus procedimientos de remoción, la próxima en Dallas.

La familia ahora vive con miedo, sin responder a los golpes en la puerta y asomándose por la ventana ante cualquier sonido.

“Tengo miedo”, dijo Ashley, quebrándose durante la llamada telefónica.