Albuquerque— Dos ciudadanos mexicanos fueron sentenciados a casi cuatro años de prisión federal por su participación como guías de una red de tráfico de personas que abandonó a una mujer migrante en el desierto del sur de Nuevo México, donde murió por exposición al calor extremo.

La Fiscalía Federal para el Distrito de Nuevo México informó este lunes que Gustavo Joachin-Hernandez, de 37 años, e Israel Gonzalez-Cruz, de 36, recibieron una condena de 46 meses de prisión cada uno tras declararse culpables del delito de conspiración para transportar a un extranjero sin autorización migratoria.

Las autoridades recordaron que no existe libertad condicional en el sistema federal, por lo que ambos deberán cumplir la sentencia impuesta antes de ser deportados a México.

La investigación se remonta al 7 de agosto de 2024, cuando agentes de la Patrulla Fronteriza localizaron a 13 migrantes ocultos en una zona desértica cercana a la carretera estatal 9, en el área de Santa Teresa, Nuevo México, después de haber cruzado ilegalmente la frontera desde México.

Posteriormente, los agentes fueron informados de que otra integrante del grupo había quedado rezagada y necesitaba atención médica. Al acudir al lugar, encontraron sin vida a Evelyn Esmeralda Villalta-Marquez, de 26 años.

La Oficina del Investigador Médico determinó que la causa de muerte fue hipertermia provocada por la exposición al calor ambiental.

Durante la investigación, las autoridades establecieron que Joachin-Hernandez y Gonzalez-Cruz actuaban como guías de pie ("polleros") y condujeron a un grupo de 12 migrantes durante aproximadamente cinco horas y media a través del desierto, donde las temperaturas alcanzaban los 97 grados Fahrenheit (36.1 grados Celsius).

De acuerdo con documentos judiciales, Joachin-Hernandez admitió que Villalta-Marquez comenzó a quedarse atrás debido al intenso calor. Aunque la ayudó a llegar al punto donde sería recogida, reconoció que la dejó abandonada pese a que aún estaba con vida y en malas condiciones físicas para continuar con la operación de tráfico de personas.

También confesó que trabajaba para una organización dedicada al tráfico de migrantes desde noviembre de 2023 y que esperaba recibir 2 mil pesos mexicanos por cada persona que lograra llevar con éxito hasta una casa de seguridad en Estados Unidos.

El caso fue investigado por Homeland Security Investigations (HSI) en Las Cruces, con apoyo de la Patrulla Fronteriza. La acusación estuvo a cargo de la Fiscalía Federal para el Distrito de Nuevo México. El anuncio de la sentencia fue realizado por el primer fiscal federal adjunto Ryan Ellison y el agente especial interino de HSI El Paso, Ryan G. McRae.