El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que instruye al secretario del Interior a considerar la eliminación de las protecciones bajo la Ley de Especies en Peligro para el lobo gris y el lobo gris mexicano, además de proponer iniciativas legislativas con el mismo fin, según un comunicado difundido este jueves por un grupo de organizaciones ambientalistas. La orden también exhorta a las agencias federales a intervenir en las leyes estatales de protección de especies y a debilitar los estándares de evidencia relacionados con la depredación de ganado.

Para varias organizaciones de conservación, la medida busca desviar la atención de otros problemas de la administración más que resolver un conflicto real entre lobos y ganaderos.

"Esto es una gran distracción para complacer a un puñado de ganaderos y hacerles creer que los lobos son una amenaza mayor que las propias políticas del presidente Trump", dijo Greta Anderson, subdirectora de Western Watersheds Project, quien señaló que el impacto de los lobos en la ganadería es mínimo comparado con el de los recientes acuerdos comerciales y las condiciones del pastoreo en el árido oeste estadounidense en medio del cambio climático.

Los ganaderos ya reciben compensación del 100% por las pérdidas de ganado atribuidas a lobos mediante programas estatales y federales, y los departamentos estatales de vida silvestre también financian iniciativas de mitigación de conflictos, como el retiro de cadáveres de ganado y el acompañamiento de rebaños ("range riding"), que ayudan a evitar que los lobos se habitúen a esas presas.

"Los lobos mexicanos no son el problema; el problema es el enfoque de la administración para resolver el supuesto conflicto. Si la administración realmente quisiera apoyar a los ganaderos, priorizaría más financiamiento para iniciativas no letales que generen soluciones duraderas", dijo Regan Downey, directora de educación y defensa del Wolf Conservation Center.

El comunicado recuerda que el manejo deficiente de la población estadounidense de lobos mexicanos —reintroducidos en Arizona y Nuevo México en 1998— ha derivado en una pérdida de diversidad genética, acompañada de defectos congénitos y una menor tasa de crías nacidas y sobrevivientes. Solo siete lobos mexicanos fueron reproducidos exitosamente en cautiverio hace décadas para rescatar a la subespecie de la extinción, y desde entonces se ha perdido la mayor parte de la carga genética de esos siete ejemplares.

"Esta orden ejecutiva pone directamente en la mesa de decisiones federales el futuro de las protecciones del lobo mexicano, e incluso instruye a los estados a eliminar las suyas propias", dijo Michelle Lute, doctora en conservación de lobos y directora ejecutiva de Wildlife for All, quien pidió al Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EU basar cualquier decisión en la mejor evidencia científica disponible "y no en presión política".

Leia Barnett, encargada de conservación en Nuevo México para WildEarth Guardians, calificó la orden como un intento de sortear el marco legal que el Congreso diseñó para mantener las decisiones sobre recuperación de especies al margen de la política, mientras que Sandy Bahr, directora del capítulo Grand Canyon del Sierra Club, la describió como "un truco político a costa de los lobos y de otras especies que dependen de los ecosistemas saludables que estos ayudan a sostener".

Claire Musser, directora ejecutiva del Grand Canyon Wolf Recovery Project, advirtió que la especie no puede considerarse recuperada solo porque su población ha crecido: actualmente existen 317 lobos en estado silvestre, y la especie enfrenta aún serios retos genéticos. Michael Robinson, del Center for Biological Diversity, adelantó que su organización está preparada para litigar si se reduce el estatus de protección del lobo mexicano, al considerar que un repunte en las muertes de la especie sería "cruel, además de profundamente imprudente e ilegal".

El comunicado cita además una investigación de la emisora KUNM según la cual los datos federales no muestran que los lobos mexicanos representen una amenaza económica generalizada para la ganadería: incluso en el punto más alto de conflicto documentado, en el condado de Catron, Nuevo México, se registraron 121 muertes de ganado probables o confirmadas en 2019, equivalentes a apenas 0.65% de la población bovina estimada de la zona, frente a una tasa promedio de mortalidad de becerros por otras causas de alrededor del 6%. Un estudio de 2025 de la Universidad de Arizona citado en el comunicado concluyó que el efecto de los lobos sobre los inventarios y ventas de ganado a nivel de condado fue "no detectable".

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