Una mujer de El Paso se declaró culpable en una corte federal de dos delitos relacionados con un esquema de fraude al Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP), implementado por el Gobierno federal durante la pandemia de Covid-19.
Araceli Benítez, de 47 años, propietaria y operadora de Garaas Insurance Tax Services (GITS) y Ashley Home Care Services (AHH), admitió un cargo de fraude electrónico y otro por presentar reclamaciones falsas, ficticias o fraudulentas ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS).
De acuerdo con documentos judiciales citados por el Departamento de Justicia (DOJ), Benítez ayudó a varias empresas a obtener préstamos del PPP y cobraba a sus clientes un porcentaje del dinero que recibían.
En uno de los casos, Benítez recibió de un cliente información fiscal que sería utilizada para solicitar un préstamo del programa. Sin embargo, posteriormente preparó y presentó una declaración federal Form 1040 con cifras distintas a las contenidas en la declaración original del cliente.
El documento presentado por Benítez incluía además una firma falsificada y, según los fiscales, nunca fue revisado por el cliente antes de ser enviado.
Por ese trámite, Benítez cobró 6 mil dólares, que fueron depositados en una cuenta bancaria de GITS.
El esquema también involucró información falsa presentada ante el IRS.
En julio de 2022, Benítez presentó un Form 941, correspondiente a la declaración trimestral de impuestos sobre la nómina, en el que afirmó haber pagado a varios empleados salarios superiores a los que realmente recibieron.
La información falsa permitió que obtuviera un reembolso fiscal de 52 mil 267.92 dólares, según los documentos judiciales.
“El Programa de Protección de Cheques de Pago fue diseñado para ayudar a las pequeñas empresas estadounidenses a sobrevivir la crisis económica de la era Covid”, afirmó el fiscal federal Justin R. Simmons.
Benítez, agregó, convirtió el programa en una oportunidad para enriquecerse mediante un esquema ilegal.
“El fraude contra programas federales es un delito egoísta contra todos los estadounidenses que pagan impuestos”, dijo Simmons.
La investigación está a cargo del FBI y la División de Investigación Criminal del IRS (IRS-CI).
Benítez enfrenta una pena máxima de hasta 30 años de prisión por el cargo de fraude electrónico y hasta cinco años por presentar una reclamación falsa ante el IRS.
La sentencia será determinada por un juez federal, quien deberá considerar las pautas federales de sentencias y otros factores establecidos por la ley.