En medio de su escándalo con la Familia Real y el retiro de varios de sus títulos, ahora se reveló que el Príncipe Andrew no ha pagado el alquiler de su mansión Royal Lodge durante más de dos décadas.

Según el contrato de arrendamiento publicado por la Corona y replicado por medios como Page Six, Daily Mail y la BBC, Andrew pagó en 2003 un millón de libras (1.33 millones de dólares) por el arrendamiento, además de al menos 7.5 millones de libras (10.02 millones de dólares) por reformas en 2005.

Esta revelación ha generado nuevas demandas de transparencia sobre las condiciones de la residencia real, luego de que Andrew fuera despojado de su ducado y siga envuelto en escándalos relacionados con Jeffrey Epstein.

Andrew y su familia tienen dicho contrato de arrendamiento con una vigencia de 75 años, lo que quiere decir que podrán ocupar su mansión Royal Lodge, en Windsor, que cuenta con 30 habitaciones, hasta el año 2078.

Esta última revelación aumentó la presión pública para que el hermano del Rey Charles III renuncie a su residencia. La presidenta del comité selecto del Tesoro, Meg Hillier, sugirió que el parlamento estaría interesado en investigar cualquier aspecto relacionado con el dinero de los contribuyentes.

Este martes, Hillier declaró a BBC Radio 4 que "cuando el dinero fluye, y en particular cuando está involucrado el dinero de los contribuyentes o sus intereses, el parlamento tiene la responsabilidad de arrojar luz al respecto y necesitamos respuestas".

Mientras tanto, un ministro del gabinete declaró el martes que el arrendamiento del príncipe es un "asunto de Su Majestad el Rey".

"El arrendamiento está relacionado con el patrimonio de la corona y esos son asuntos del Rey. Y creo que, como hemos visto en los últimos días, el Rey ha actuado con bastante decisión cuando estos asuntos llegan a su despacho", señaló Peter Kyle, secretario de negocios, al medio Sky News.

Por su parte, Norman Baker, ex ministro liberal demócrata, afirmó que los detalles del contrato deberían hacerse públicos para determinar si existe la posibilidad de que lo desalojen.

"Todos los contratos de arrendamiento tienen algún tipo de cláusula de rescisión, por lo que el público debe saber cómo ha podido permanecer allí y en qué condiciones podría verse obligado a irse", señaló a The Times.

Según los documentos oficiales, el contrato puede ser rescindido por la administración de la corona si no se paga la renta durante 21 días o si se incumple un pacto con el inquilino, según establece el contrato.

El pago que se indica en el contrato es el de "un grano de pimienta al año". Este es un término histórico y ayuda a que el contrato de arrendamiento sea legal, pero es simplemente simbólico. Realmente no está obligado a pagar una renta.

El documento también estipula que el inquilino debe mantener y conservar los terrenos en buen estado y que el edificio debe pintarse cada cinco años. La administración de la corona también tiene derecho a realizar inspecciones "con un preaviso razonable".