Ciudad Juárez, Chih.- El empresariado juarense ha mantenido la calma luego de las diversas alertas por el regreso del delito de secuestro contra ciudadanos locales, o al menos no ha colectivizado el pánico, a decir de Miguel Ángel Macías, director de la empresa Impulse Seguridad.

Macías aseguró que aunque no pueden dar recomendaciones puntuales sobre los cuidados para evitar ser víctima de este delito, las personas dueñas de negocios pueden acercarse a empresas profesionales para llevar a cabo análisis de riesgos sobre los cuales conocer si es necesario el reforzamiento en las medidas de seguridad o no.

Comentó que actualmente los secuestros tienden a durar menos de lo que hicieron en años anteriores (como en el sexenio 2006-2012 en que la incidencia era mayor e inclusive llegaron a casos de mutilación y asesinato por no pagar el rescate de las víctimas).

En este sentido, habrá dueños de empresas que procuren mantener un perfil bajo o acudir de manera más privada “precisamente por miedo” a instancias de seguridad pública o privada a asesorarse, dijo Macías.

No obstante, también destacó que el delito de secuestro suele cometerse por personas dentro de los círculos sociales o laborales de las víctimas, y por eso es considerado un ilícito de “alta traición”.

“Todos los casos son diferentes, aunque tengan un modus operandi similar. Los ejecutores no actúan de la misma manera, cambian los lugares de ejecución (del delito), a lugares públicos, o en las oficinas”, explicó. El Diario ha documentado continuamente casos de secuestro de personas migrantes en que son retenidas al llegar a esta frontera con intención de cruzar a

Estados Unidos a través de puertos irregulares con la contratación de traficantes de personas, quienes terminan entregándolos a grupos delincuenciales dedicados al plagio. No obstante, con el cambio de la dinámica del flujo migratorio, algunos secuestros de ciudadanos locales empezaron a registrarse.

Uno de los más recientes ocurrió entre el 29 de noviembre y 1 de diciembre, en que una asesora inmobiliaria fue privada de la libertad mediante violencia moral luego de que la engañaron para mostrar un departamento que tenía en renta. Solicitaron los delincuentes 500 mil pesos por su liberación a su familia, aunque tras la entrega de 180 mil la liberaron en un supermercado al norponiente de la ciudad, lejos de la Zona Centro donde había sido secuestrada. Por el hecho, Briant Rafael M. J. fue vinculado a proceso como probable responsable.

Investigadores de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas y Antisecuestros de la Fiscalía General del Estado establecieron que esta persona probablemente participó en dos secuestros cometidos aquí, contra un doctor y una empresaria.

Esta banda utilizó como señuelo a mujeres extranjeras para cometer la privación de la libertad y luego exigir el rescate por las víctimas, explicaron los investigadores.