El exgerente administrativo del Club Campestre, acusado y vinculado a proceso ayer por administración fraudulenta por un detrimento de más de 21 millones de pesos a la asociación, aceptó presuntamente ante el Ministerio Público haber realizado transferencias bancarias a sus cuentas personales para pagar por inversiones fallidas en el mercado de compraventa de divisas, de acuerdo con la investigación ministerial.

Alberto M. M. llegó por su propio pie la mañana de ayer ante un juzgado de Control para ser acusado formalmente de afectar las finanzas del Club Campestre de Ciudad Juárez, que lo tuvo como su empleado por más de 12 años.

Fue enviado a prisión preventiva pues aunque argumentó haber sido víctima de aparentes empresas fraudulentas que le prometieron rendimientos por una inversión inicial en divisas y de otras que le aseguraron que recuperarían su dinero, para el Ministerio Público los más de 53 depósitos interbancarios parecían más la operación de una red criminal que la ingenuidad de M. M.

La audiencia inicial por la causa penal 1217/2025 comenzó pasadas las 10:00 de la mañana en la sala 22 de Ciudad Judicial, presidida por el juez de Control Raúl Palos Pacheco.

La agente del Ministerio Público expuso entonces que a M. M. se le acusa de administración fraudulenta cometida contra la persona moral Campestre Juárez A. C. (Club Campestre), pues hay pruebas de que entre el 1 de abril de 2024 y el 28 de febrero de 2025 en las oficinas administrativas de la asociación, en el fraccionamiento homónimo, y con motivo de sus funciones laborales como gerente administrativo para administrar bienes ajenos, perjudicó al club a sabiendas de que sus operaciones eran perjudiciales, pues realizó transferencias bancarias de tres cuentas de BanBajío de la asociación a una cuenta personal suya, por un detrimento total de 21 millones 323 mil 487 pesos, sin justificar una posible adquisición de bienes o servicios.

El caso ganó la atención del entonces presidente del Consejo de Directores, Sergio Guzmán Castañeda, quien denunció en febrero de 2025 ante la Fiscalía de Distrito Zona Norte el desfalco.

La noticia llegó a Guzmán Castañeda a través de Edgar Mandujano, auditor externo de Auren Juárez Border Services, luego de que desde enero de 2025 se notificó a M. M. el hallazgo de irregularidades en la administración contable del club, que no se resarcieron. Inclusive, el mismo día 20 de febrero que Guzmán notificó a la Fiscalía del posible delito se detectó una transferencia de un millón 300 mil pesos de una cuenta de la asociación a la cuenta particular de Alberto.

Esa y otras 52 transferencias, según una pericial contable, tenían como concepto “préstamo”, y según personal jerárquicamente inferior a Alberto el club sí realizaba préstamos, aunque la declaración del propio M. M. permitió ver que este no era el caso.

De acuerdo con su declaración del mismo 20 de febrero de 2025, entre mayo y junio de 2024 hizo una inversión de un millón de pesos a un grupo de inversión FX (foreign exchange), en el que vio una “atractiva oportunidad de invertir”. Sin embargo, no hubo retornos de inversión, por lo que después supuestamente pagó a otra empresa para que le recuperara su dinero, y a esa depositó una y otra vez a diferentes cuentas a nombre de Mariana Roldán Álvarez, Sandra Catalina Roldán e Irving Rafael Sandoval hasta que terminó sus recursos y empezó a usar los de Campestre Juárez, específicamente de dos de tres cuentas de las que tenía “tokens” del Banco del Bajío para realizar los movimientos desde su computadora personal.

Reconoció además entregar información adulterada a Auren Juárez cuando realizaron una primera auditoría en agosto de 2024, pero fue imposible de ocultar en enero de 2025. Siempre creyó que podría devolver el dinero, pero no fue así.

El hombre no declaró ante el juez Palos Pacheco, y eligió que se resolviera su situación jurídica ayer mismo, por lo que se valoraron las pruebas expuestas por la agente del Ministerio Público.

Finalmente fue vinculado a proceso, y enviado a prisión preventiva por 24 meses, en vista del riesgo de fuga al existir una posible red criminal (a decir de la Fiscalía), además de que el hombre contaba con información sensible de los representantes de la persona moral víctima, y contaba con documentos migratorios para poder salir del país de así buscarlo.

El plazo de investigación complementaria fue fijado en cuatro meses. (Diego Villa / El Diario)

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