Ciudad Juárez.- El reconocimiento jurídico de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) como “tortura sexual” en el caso de Lilia Alejandra García Andrade es un precedente en México que debe llevar a un análisis para reconocer la violencia sexual como una forma de tortura, sin importar si fue por particulares o autoridades, señaló la abogada Karla Micheel Salas, del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social.

Después de que la Corte IDH notificara la sentencia del “Caso García Andrade y otros vs México”, la abogada que ha acompañado a Norma Esther Andrade, madre de la adolescente de 17 años que en 2001 fue víctima de desaparición, tortura sexual y feminicidio en Ciudad Juárez, destacó que en Colombia se reconoce como tortura cuando la violencia sexual ocurre en determinadas circunstancias, y hay particulares procesados por tortura sexual, por lo que en México es momento de abrir la discusión.

“Es momento de abrir la discusión en este país de reconocer la violencia sexual, la gravedad de la violencia sexual que se comete en contra de muchas mujeres en este país como una forma de tortura”, dijo al recordar que en el caso del Campo Algodonero la misma Corte no reconoció la tortura porque las víctimas habían sido agredidas por particulares.

En Colombia, no importa si los agresores son agentes o no del Estado, si son las parejas sentimentales, o los esposos o una persona conocida; cuando se comete violencia sexual en determinado grado de intensidad, como ocurrió en el caso de Lilia Alejandra y de cientos de mujeres que han sido asesinadas en este país, se cataloga y se clasifica jurídicamente como tortura, indicó.

“Eso evidentemente tiene impacto en las medidas de reparación, tiene un impacto en el tema de la prescripción, tiene impacto en las investigaciones y cómo se tienen que realizar. Esperamos que este reconocimiento jurídico que hace la Corte se traduzca en un análisis concreto en México y que evidentemente nos lleve a que se reconozca la violencia sexual como una forma de tortura en este país, sin importar si fue cometida por particulares”, dijo la abogada.

Lilia Alejandra tenía 17 años de edad, era madre de Caleb y Jade, de cinco meses y 1.8 años de nacidos, y trabajaba en una maquiladora de esta frontera, hasta que el 14 de febrero de 2001 fue desaparecida y siete días después encontrada sin vida en un terreno baldío ubicado en las avenidas Tecnológico y Ejército Nacional.

Su cuerpo estaba envuelto en una sobrecama. Tenía dos escapularios cafés en el cuello y estaba lleno de moretones y escoriaciones. De acuerdo con las autoridades, su causa de muerte fue asfixia por estrangulamiento manual, aproximadamente 36 horas antes del hallazgo. Pero tenía en el estómago alimento semidigerido, lo que indica que estuvo en cautiverio por días y poco antes de su muerte había comido.

El pasado 19 de diciembre, el tribunal de la Corte IDH declaró la responsabilidad internacional de México por la violación a los derechos a la vida, a la integridad personal, a ser sometida a tortura, a la libertad personal, a la protección de la niñez, a la igualdad y al derecho a vivir libre de violencia, a raíz de la desaparición, tortura sexual y feminicidio ocurridos contra Lilia Alejandra.