La organización civil Unión y Fuerza de Mujeres Trans Chihuahuenses A.C. emitió un comunicado urgente en el que exige a autoridades estatales y federales medidas inmediatas de protección para la defensora de derechos humanos Mayte Regina Gardea González y su familia.

Esto tras ser victimas de un ataque armado ocurrido la noche del 24 de diciembre en la comunidad de Pitorreal, municipio de Bocoyna, Chihuahua.

De acuerdo con la organización, los hechos colocan a Gardea González en una situación de riesgo extremo, debido a que el ataque se da en el contexto de una denuncia pública y legal que la activista ha sostenido contra el despojo y la explotación de comunidades indígenas en la región.

El comunicado señala que el conflicto tiene antecedentes desde 2009, cuando Mayte Regina Gardea comenzó a acompañar a la comunidad indígena de Majimachi, en el municipio de Bocoyna, ante el despojo de su propiedad ejidal.

La organización afirma que las denuncias han sido respaldadas con documentación y evidencias que la propia defensora ha hecho públicas y que ya fueron entregadas a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, junto con grabaciones del ataque armado sufrido por su familia.

Ante esta situación, la organización exigió a la Fiscalía General del Estado y a la Secretaría de Seguridad Pública la implementación inmediata de medidas cautelares para garantizar la vida e integridad física de la defensora y de su familia.

Asimismo, solicitó la intervención urgente del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, al considerar que el riesgo es directo y derivado de su labor de acompañamiento comunitario.

También demandó una investigación pronta, expedita y transparente, en la que se considere el activismo de Mayte Regina Gardea como la principal línea de investigación, así como la detención y vinculación a proceso de los presuntos responsables materiales e intelectuales del ataque, quienes —señala el comunicado— se encuentran plenamente identificados.

Finalmente, la organización solicitó a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua (CEAVE) brindar atención integral a la familia, incluyendo acompañamiento, apoyo para gastos de emergencia y condiciones dignas de seguridad, debido al desplazamiento forzado que enfrentan tras los hechos.

La organización advirtió que una respuesta oportuna por parte de las autoridades es fundamental para evitar una escalada de violencia y subrayó que la vida e integridad de la defensora y su familia dependen de la actuación inmediata del Estado.