Chihuahua, Chih.- Un total de mil 500 personas con discapacidad quedaron excluidas del programa de apoyo alimentario del Gobierno del Estado, a pesar de haberse registrado durante los dos únicos días que duró la convocatoria. La medida ha provocado protestas por parte de organizaciones civiles, que acusan un manejo arbitrario del presupuesto destinado a los grupos vulnerables y señalan un uso político de los recursos públicos.
De acuerdo con Luz María Cisneros, representante de la asociación Inclusión con Dignidad, A.C., en años anteriores el proceso de inscripción duraba hasta un mes y se llegaban a registrar más de siete mil personas, de las cuales al menos cuatro mil recibían el apoyo. Esta vez, con una convocatoria de apenas 48 horas, se inscribieron 2,600 personas y sólo mil resultaron beneficiadas.
“Van a gastar en mil personas con discapacidad en el segundo municipio más grande del estado apenas ocho millones 800 mil pesos, mientras presumen un presupuesto de 50 millones. Dicen que entregaron despensas a 7,500 personas en todo el estado, pero con ciudades como Juárez, que tiene casi 60 mil personas con discapacidad, es imposible justificar esa cifra. Las despensas no valen 500 pesos”, reclamó.
Cisneros cuestionó además que, si para la capital del estado se destinan 8 millones de pesos, municipios como Moris o Guadalupe y Calvo prácticamente no recibirán nada. “¿Dónde están los 150 millones? No se vale que se gasten en administración mientras a las personas con discapacidad se les deja fuera”, dijo.
Durante la manifestación frente al Palacio de Gobierno, la activista denunció que el titular de la dependencia, Rafael Loera, quien, dijo, aspira a la presidencia municipal de Chihuahua, aparece en decenas de espectaculares en distintas zonas de la ciudad. “¿Cómo puede pagar publicidad en periférico de la Juventud, Universidad, Cantera, Sacramento, si gana 150 mil pesos mensuales? Cada espectacular cuesta entre 35 y 45 mil pesos, cuestionó.
Asimismo, acusó intentos por desarticular el movimiento ciudadano mediante llamadas y ofrecimientos individuales de despensas. “Reúnen a la gente, les piden el teléfono y luego los contactan para darles una despensa. Eso no es política pública, eso es una práctica mezquina y deshonesta”, apuntó.
La organización exigió que, como ocurre con los programas federales, se realice un censo y se entregue el apoyo directamente, sin filtros ni intermediarios. Señaló que actualmente el Gobierno Federal otorga apoyos a personas con discapacidad de cero a 29 años, pero que es necesaria una pensión universal que incluya a todos los rangos de edad.
“Con tres mil pesos mensuales se puede comprar pañales, bolsas de colostomía, pagar hemodiálisis o medicamentos para el dolor. Lo hemos pedido, incluso a través de la Comisión de Derechos Humanos, y no han hecho nada”, añadió Cisneros.
La activista también denunció la reducción de recursos al Hospital Psiquiátrico y la intención del gobierno estatal de cerrarlo. “¿Qué hacen con los 120 mil millones que reciben del Gobierno Federal? Más del 60 por ciento del presupuesto estatal proviene de la Federación. Con mil millones se puede garantizar una pensión digna para todas las personas con discapacidad en Chihuahua”, sostuvo.
icarrillo@diarioch.com.mx