El Ayuntamiento de Hidalgo del Parral y su alcalde Salvador Calderón fueron acusados por Telcel de exigirle de forma ilegal un pago de 430 mil pesos a cambio de permitir la operación de sus antenas y el suministro de energía eléctrica en la zona sur de la entidad, revela la denuncia presentada por la empresa de telecomunicaciones ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua.

El fiscal Anticorrupción, Abelardo Valenzuela Holguín, informó que la querella fue recibida formalmente el pasado martes 24 de junio a las 16:00 horas, y precisó que de entrada perciben algunos posibles delitos como el de concusión, que definen como el uso ilegal de facultades y atribuciones.

En la denuncia detallan que funcionarios municipales solicitaron dicho pago bajo el concepto de “permisos municipales”, sin que existiera una justificación legal clara ni requerimiento formal previo.

Además, Telcel reportó la clausura de inmuebles operativos y la suspensión del suministro eléctrico en varios sitios de telecomunicación ubicados dentro del municipio.

La Fiscalía Anticorrupción confirmó que ya está en la fase de análisis y estudio del caso, con el objetivo de determinar la existencia de posibles delitos y la competencia para investigarlos.

“Hemos girado instrucciones al área sustantiva para verificar documentación en el municipio de Parral y definir líneas de investigación”, informó Valenzuela Holguín.

Por lo pronto, el caso podría configurar el delito de concusión, tipificado en el artículo 271 del Código Penal del Estado de Chihuahua, el cual sanciona al servidor público que, aprovechando su cargo, exige dinero u otros recursos a título de impuesto o contribución que sabe no son debidos.

El artículo especifica: "Al servidor público que con tal carácter exija por sí o por interpósita persona, a título de impuesto, contribución, recargo, renta, crédito, salario o emolumento, dinero, valores, servicios o cualquier otra cosa que sepa no es debida, o en mayor cantidad o calidad de la que señala la ley..."

Además del posible delito de concusión, del que ya iniciaron una investigación, analizan si existen elementos que configuren el uso ilegal de facultades y atribuciones por parte de funcionarios municipales de Parral. “Verificaremos el convenio administrativo que tienen con el Ayuntamiento y de ahí determinarán su viabilidad jurídica para determinar un posible delito de hecho de corrupción”, aseguró el fiscal Anticorrupción.

La suspensión de la energía eléctrica en el sur del estado derivó en una importante afectación a usuarios de servicios de telefonía celular y de datos en Parral, Guadalupe y Calvo, Baborigame y zonas cercanas, así como un impacto económico a la empresa, que calcula pérdidas de varios millones de pesos por la interrupción del servicio.

El pasado martes, Telcel denunció presiones y presuntos intentos de intimidación por parte de funcionarios municipales, quienes, aseguran, solicitaron a la empresa que no hiciera pública la información del corte de energía eléctrica a cambio de restablecer el servicio.

Señalaron que la solicitud la hizo un presunto servidor público, identificado como Martín Chaparro, quien se presentó como secretario particular de la Presidencia Municipal.

Hasta el momento, el Ayuntamiento de Parral no ha emitido una postura oficial sobre las denuncias, a pesar de haber intentado hacer contacto de diversas formas.

La Fiscalía Anticorrupción aseguró que en los días posteriores compartirá más información sobre los avances conforme definan las acciones jurídicas correspondientes.

“Hemos girado instrucciones al área sustantiva para verificar documentación en el municipio de Parral y definir líneas de investigación” Abelardo Valenzuela Holguín Fiscal Anticorrupción