Chihuahua, Chih.- El titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en la zona sur del estado, Juan Portillo, aseguró que a pesar de las múltiples recomendaciones y la constante solicitud de los pobladores de la intervención del Ejército en comunidades de Guadalupe y Calvo como Baborigame, existe omisión por parte de las autoridades, ya que la violencia no sólo continúa, sino que ha incrementado en esta región.

El funcionario explicó que la CEDH participa como observadora en la Comisión de Desplazamiento Forzado Interno, creada en 2023 por el Gobierno del Estado, e integrada por diversas instancias estatales y algunas federales. Su labor, dijo, consiste en documentar testimonios de personas desplazadas, recibir quejas y canalizarlas a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), quien da seguimiento a los expedientes.

Aunque existen registros documentados, Portillo reconoció que es difícil contabilizar con precisión el número de personas desplazadas, ya que muchas abandonan sus comunidades sin previo aviso. “Cuando tenemos un dato más claro es porque alguien nos dice ‘salieron 50, 100, 200’, pero no hay un censo”, afirmó.

Indicó que la mayoría de los afectados se rehúsa a denunciar formalmente, lo que impide que sean reconocidos como víctimas legales, según lo establece el delito de desplazamiento forzado en el Código Penal estatal. Aun así, aseguró que cuando hay voluntad, se les acompaña en el proceso legal y se les brinda atención.

Respecto a la actuación de las autoridades, fue claro: “En temas de seguridad hay omisión, y lo sigue habiendo. Es palpable. La violencia no ha cesado, siguen los enfrentamientos, los homicidios, las agresiones, incluso contra las fuerzas armadas”.

Portillo confirmó que recientemente se ha atendido a comunidades como Cinco Llagas y Baborigame. También reconoció que hay poblados, como La Sierrilla, que llevan al menos dos años desplazados. “No todos se van por violencia, algunos lo hacen por trabajo, pero al final son desplazamientos forzados”, precisó.

Actualmente, la oficina de la CEDH a su cargo cubre 14 municipios del sur del estado, excepto Guachochi, Morelos y Batopilas. Señaló que existen al menos dos expedientes documentados sobre desplazamiento que fueron turnados a la CNDH para su atención.

Por último, reiteró que en distintas entrevistas con autoridades tradicionales y habitantes de la región, ha sido insistente la petición de que el Ejército Nacional mantenga presencia permanente en las comunidades. Sin embargo, dicha solicitud no ha sido atendida.

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