Chihuahua, Chih.- El presidente de la Unión de Gasolineros de Parral, Juan de Dios Loya, señaló que al cumplir las estaciones de servicio con las normas y regulaciones no hay por qué inquietarse por los operativos que realizan las autoridades federales, lo que preocupa, dijo, es la intimidación que generan al contar con la presencia de elementos de la Guardia Nacional y el Ejército.

Esto tras el operativo que realizó el pasado martes la Fiscalía General de República (FGR) en la estación de servicio Folvaz, que se sitúa en la avenida Teófilo Borunda.

El pasado junio, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) inmovilizó en esta gasolinera varios instrumentos y realizó una denuncia por vender litros incompletos.

En el operativo de la FGR participaron elementos de la Guardia Nacional y del Ejército mexicano, quienes resguardaron la estación de servicio.

Expuso el representante de los empresarios gasolineros que se ha tratado de tener un acercamiento con la Profeco, así como con la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y en su momento con la Comisión Reguladora de Energía (CRE), que ahora cambió a Comisión Nacional de Energía (CNE), para abordar los temas que inquietan al sector, sin embargo, “hay una cerrazón, todo es vía electrónica, ni siquiera por teléfono”, lamentó.

El pasado 11 de junio, la Profeco y la ASEA, a través del programa Extraordinario de Verificación, realizaron un operativo en siete estaciones de servicio en cuatro municipios de Chihuahua, que derivó en cinco clausuras y la inmovilización de 36 instrumentos de medición.

En el caso de la estación de servicio Folvaz S.A. de C.V., que se ubica en la avenida Teófilo Borunda número 604, se inmovilizaron nueve instrumentos al no coincidir los registros electrónicos y por comercializar 644.41 mililitros menos por cada 20 litros despachados, por lo que se procedió a realizar la denuncia correspondiente ante la FGR.

En el municipio de Chihuahua se realizaron dos verificaciones, tres en Cuauhtémoc, una en Riva Palacio y una más en Rosales para constatar que las estaciones de servicio cumplieran con la normativa operativa y ambiental, y ofrecieran precios justos de los combustibles.

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