El legislador mencionó que en 2026 ya existe registro de entre 6 mil 500 y 8 mil 500 hectáreas afectadas, con riesgo de alcanzar hasta 90 mil si la plaga continúa su avance, siendo Guachochi, Guadalupe y Calvo, Bocoyna, Madera, Guerrero, Ocampo y Urique los municipios de mayor afectación.
El punto de acuerdo exhorta a la Conafor, la Semarnat, la Conanp y la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado a reducir los tiempos de respuesta ante nuevos brotes, ampliar el uso de tecnología satelital y drones para detección temprana, incrementar recursos en campo y evaluar la declaratoria de emergencia fitosanitaria en las zonas más críticas.
Torres Amaya indicó que el problema va más allá de la pérdida de arbolado: “La muerte de los pinos compromete la captación de agua, aumenta el riesgo de incendios y afecta la economía de las comunidades que dependen del bosque; por eso es urgente que las instituciones no bajen la guardia”, afirmó el diputado.
Agregó que varias zonas afectadas están dentro de Áreas Naturales Protegidas, y que en los primeros meses del año ya se registran al menos 10 incendios forestales activos vinculados a la acumulación de madera seca por la plaga.
Recordó que la última crisis de esta magnitud, registrada entre 2012 y 2013, dejó más de 103 mil hectáreas dañadas, y advirtió que las condiciones actuales de sequía son más severas que las de aquel episodio. La propuesta fue presentada ante el pleno del Congreso del Estado el 31 de marzo de 2026.
César Lozano T / clozano@diarioch.com.mx