Juárez figura en 2026 como el segundo municipio del país que ejerce más violencia contra sus niñas, niños y adolescentes (NNA), con 451 víctimas registradas sólo entre enero y febrero, 16 por parte de la delincuencia organizada, alertó la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

De acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante los primeros dos meses del año las autoridades estatales documentaron en esta frontera 282 mujeres menores de edad que fueron agredidas y 169 hombres; 264 de entre 0 a 12 años y 187 de 13 a 17 años, quienes fueron víctimas de delitos sexuales, violencia familiar, delincuencia organizada, lesiones y amenazas, entre otros.

“Que el Estado mexicano cumpla con su deber de defender, promover y garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia y desarrollar una estrategia integral de seguridad y prevención con enfoque de derechos, que garantice la protección de niños, niñas y adolescentes ante el incremento de la violencia armada en el país”, pidió la Redim.

Informó que a nivel nacional, 24 mil 436 NNA fueron víctimas del delito, y Querétaro, Juárez y Celaya fueron los tres municipios con más casos registrados, con 479, 451 y 409 menores agredidos, respectivamente.

Destacó que el artículo tercero de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que México, como Estado parte, está comprometido “a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar”.

Además, en el artículo 19 del mismo instrumento se especifica que México debe adoptar “todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual”, pero pese a estas obligaciones del Estado mexicano, el estado de Chihuahua sumó mil 202 NNA víctimas de delitos, mientras que el municipio de Chihuahua ocupó el sexto lugar nacional con 387 casos denunciados.

De acuerdo con los datos federales, difundidos por Redim, a nivel estatal 323 de los NNA fueron víctimas de incumplimientos de obligaciones de asistencia familiar; 305 de delitos sexuales, excluyendo trata y pornografía infantil y 290 de violencia familiar.

Además, 84 NNA sufrieron delitos asociados a la delincuencia organizada y tipificados en la Convención de Palermo y delincuencia organizada, entre ellos 68 lesiones dolosas, ocho murieron a causa de un homicidio doloso, uno vivió una extorsión, una menor fue víctima de tentativa de feminicidio, un adolescente sufrió un robo de automotor y otro más fue víctima de pornografía infantil.

Otros 30 menores de edad sufrieron delitos asociados a la delincuencia organizada excluyendo los contenidos en la Convención de Palermo y delincuencia organizada: 20 de ellos de delitos que atentan contra la vida, siete privación ilegal de la libertad y tres de fraude.

A nivel estatal, 25 NNA más sufrieron amenazas, 14 corrupción de menores y nueve fueron víctimas de homicidio culposo o accidental.

Delitos sexuales, los de mayor incidencia en Juárez

De los 451 NNA víctimas de un delito en el municipio de Juárez, 127 (equivalentes al 28.2 por ciento) sufrieron delitos sexuales, excluyendo trata y pornografía infantil (21 hombres y 106 mujeres); 125 (el 27.7 por ciento) sufrieron violencia familiar (49 hombres y 76 mujeres) y 99 más (el 22 por ciento) fueron víctimas de incumplimientos de obligaciones de asistencia familiar.

Otros 14 menores fueron víctimas de lesiones culposas y dos más de homicidio doloso o accidental, 13 de daños a la propiedad, nueve de amenazas y cinco de corrupción de menores.

En esta frontera, 10 NNA se convirtieron en víctimas de delitos asociados a la delincuencia organizada y tipificados en la Convención de Palermo y delincuencia organizada, uno de ellos de homicidio doloso y nueve más (cinco hombres y cuatro mujeres) de lesiones dolosas, tortura y otros delitos con violencia.

Seis adolescentes fueron víctimas de delitos asociados a la delincuencia organizada excluyendo los contenidos en la Convención de Palermo y delincuencia organizada, de los cuales tres hombres y una mujer fueron víctimas de “otros delitos que atentan contra la vida y la integridad”, y dos hombres más fueron privados de la libertad de manera ilegal.

“Muchas veces nos sentimos agobiadas y agobiados porque estas cifras parecen no reducirse lo suficiente mes a mes, pero lo cierto es que ninguno de estos eventos debe pasar y que hay maneras de prevenirlos, atenderlos y restituirlos. Al Estado mexicano corresponde la obligación de garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes para que sus vidas no estén en riesgo y para que puedan desarrollarse enteramente”, señaló Redim.

Al dar a conocer los datos, la Red también externó que es urgente que haya atención y seguimiento particular a las acciones de prevención de la violencia ya encausadas en la Comisión para poner fin a toda forma de Violencia hacia las Niñas, Niños y Adolescentes (Comprevnna), una estrategia articulada por el Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna).

Señaló además al Gobierno mexicano la necesidad de “articular un proyecto prioritario para proteger el derecho a la vida y desarrollo de la infancia; la propuesta República para la Niñez es una oportunidad para construir alternativas basadas en la comunidad, el fortalecimiento de las instituciones de infancia, la participación de la niñez y juventud en la prevención de la violencia, y especialmente importante avanzar en la construcción de paz en los territorios más conflictivos”.

En las estadísticas presentadas de enero y febrero no se suma aún el asesinato a golpes de Eithan Daniel S.H., de 18 meses de edad, cometido el 10 de marzo presuntamente por su mamá, Vianey Esmeralda H. G., de 23 años, dentro de su casa ubicada en la colonia Fronteriza.

De acuerdo con las investigaciones, la mujer habría matado a su hijo en el baño de su casa, lo echó en una bolsa negra de plástico y luego caminó hasta tomar un camión de la ruta 2-Lázaro, de la cual descendió en el Centro de la ciudad para luego tomar la segunda ruta troncal del JuárezBus hasta la parada del aeropuerto internacional, luego caminó por las calles hasta tomar un vehículo “pirata” (tipo de renta por plataforma) al que le pagó para que la trasladara entre el kilómetro 26 y 27 de la carretera a Casas Grandes.

Al descender del vehículo, la madre habría caminado por un lote baldío, y luego habría tirado el cuerpo en la zona donde fue encontrado, con signos de desnutrición y violencia física.

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