Chihuahua, Chih.- La jueza local, Margarita Piñón, quien encabezó en Parral una audiencia por violencia doméstica el pasado 15 de mayo de 2025, en la que el presunto asesino de la maestra Lucero Z. quedó en libertad, obtuvo medidas cautelares impuestas por el Instituto Estatal Electoral (IEE), como parte del proceso que es realizado por la denuncia de violencia de género que presentó la juzgadora.

Precisa que desde que ha sido la encargada del proceso contra Gustavo Alonso C., acusado del homicidio de la maestra el 20 de mayo de 2025, días después de que fue presentado por agredirla, fue señalada en repetidas ocasiones en publicaciones en medios digitales, las cuales, de acuerdo a sus argumentos, tienen una información que ha provocado recibir comentarios agresivos hacia su persona.

La resolución con fecha del 30 de marzo, establece el retiro de información en dos de los medios, en lo que el asunto es resuelto de fondo.

De acuerdo con la expediente, el 20 de febrero presentó ante el Instituto un escrito de denuncia de hechos en contra de los denunciados, por la presunta comisión de conductas que pudieran ser constitutivas de violencia de género.

El 30 de marzo la Secretaría Ejecutiva admitió la denuncia y su ampliación, y ordenó resolver sobre la adopción de medidas cautelares solicitadas por la denunciante.

En la denuncia indica que las notas e información que han sido difundidas generaron que en los eventos a los que asistía la quisieran linchar, siendo insultada en la calle.

Asimismo, en sus redes sociales le colocaban comentarios denostativos y amenazas que la atemorizaron, incluyendo expresiones deseándole que tuviera una hija para que fuera víctima de feminicidio.

Manifiesta que durante el desempeño de su encargo ha sido criticada por diversas personas adscritas al tribunal, motivadas en el hecho de ser mujer, al grado de que no sólo cuestionan los horarios en los que fija las audiencias que lleva, sino que incluso sus propios iguales revisan y revocan sus determinaciones judiciales sin contar jurídicamente con dichas facultades, pues sólo una autoridad jerárquicamente superior, como una magistratura o un juzgado federal, puede revisar y modificar las determinaciones que una juzgadora de primera instancia emite.

Añadió que el desprestigio en su contra a raíz de los señalamientos generó problemas en su campaña de la Elección Judicial de 2025, incluso una vez seleccionada, las acusaciones continuaron.