Ciudad Juárez, Chih.- El secretario del Trabajo y Previsión Social (STYPS), Diódoro Siller, informó que más de tres mil trabajadores afectados por la quiebra de First Brands Group en Ciudad Juárez continúan a la espera del pago de sus liquidaciones, pese a que ya existen bienes asegurados; el proceso está actualmente en manos de juzgados laborales.

El funcionario explicó que el corporativo, con sede en Estados Unidos, ingresó primero a un proceso de reorganización bajo el Capítulo 11 de la ley de quiebras y posteriormente transitó al Capítulo 7, lo que derivó en la liquidación total de operaciones. Este escenario impactó a más de 15 maquiladoras en el país, incluidas plantas en Matamoros, Monterrey, Mexicali y la región del Bajío, con siete de ellas ubicadas en Ciudad Juárez.

Siller señaló que las empresas en la frontera operaban bajo la razón social BPI Manufacturing, y su cierre repentino dejó sin empleo a miles de trabajadores de un día para otro. Ante esta situación, la Secretaría del Trabajo (STYPS) intervino a través del Centro de Conciliación Laboral para acudir directamente a las plantas, informar a los empleados sobre sus derechos e iniciar el levantamiento de denuncias.

Tras concluir la etapa conciliatoria sin la comparecencia de la parte patronal, los casos avanzaron a instancias judiciales. Actualmente, los procedimientos —tanto individuales como colectivos— fueron desahogados en al menos tres juzgados del Poder Judicial del Estado, con la participación de dos sindicatos y representantes de los trabajadores.

El secretario precisó que ya ejecutaron embargos precautorios en varias de las empresas, por lo que ahora está en desarrollo la fase de avalúo de bienes muebles asegurados. Una vez concluido ese proceso, las autoridades buscarán concretar la venta de activos para generar recursos que permitan cubrir las indemnizaciones pendientes.

El caso de First Brands Group ha tenido repercusiones internacionales. La compañía, dedicada a la fabricación de autopartes, enfrentó una crisis financiera que derivó en su colapso, afectando operaciones en distintos países. En México, el cierre de plantas generó protestas laborales y reclamos por incumplimiento de obligaciones patronales, en un contexto donde los trabajadores quedaron en incertidumbre jurídica y económica.

En Ciudad Juárez, el avance de los procedimientos legales mantiene en expectativa a los empleados afectados, quienes dependen de la resolución judicial y de la venta de bienes embargados para acceder a una compensación tras la pérdida de sus fuentes de ingreso.