Ciudad Juárez.– Mientras el Gobierno de México investiga la intervención de cuatro agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en un operativo de seguridad en Chihuahua, la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York y la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) acusaron ayer formalmente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios mexicanos, de tener vínculos con el narcotráfico.

A diez días de que se diera a conocer la participación de Estados Unidos en el desmantelamiento de un mega narcolaboratorio de metanfetaminas en la sierra de Chihuahua, el cual era operado presuntamente por un grupo del Cártel de Sinaloa en la frontera con dicho estado, el gobierno de Donald Trump acusó al gobernador mexicano de trabajar con “Los Chapitos”, una facción del cártel dirigida por los hijos de Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”.

El fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el administrador de la DEA, Terrance C. Cole, anunciaron ayer la apertura de una acusación formal contra el gobernador Rocha Moya, de 76 años de edad, además de Enrique Inzunza Cazárez, senador y exsecretario general de Sinaloa; Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas, y a Dámaso Castro, fiscal general adjunto de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

También acusaron a Marco Antonio Almanza Avilés y a Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”, exjefes de la Policía de Investigación de la FGE de Sinaloa; Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública; José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, exsubdirector de la Policía; Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán, y Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, excomandante de la Policía Municipal de Culiacán.

Todos son acusados por delitos de tráfico de drogas y conexos con armas, mientras que Valenzuela Millán es acusado además de delitos relacionados con su participación en secuestros de una fuente de la DEA y de un familiar de la fuente que resultaron en sus muertes.

“Los acusados son todos funcionarios de alto rango, actuales o anteriores, del Gobierno y las fuerzas del orden del estado mexicano de Sinaloa, incluido el actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y se les acusa de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos. El caso está asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla”, dio a conocer el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El gobernador rechazó las imputaciones en su contra y dijo en su cuenta de X que “carecen de veracidad y fundamento alguno”.

Sostuvo que el ataque no es sólo contra su persona, sino contra el movimiento político oficialista y sus liderazgos, y se inscribe en “una perversa estrategia para violentar el orden constitucional” y la soberanía de México.

El fiscal federal, Clayton, señaló que “el Cártel de Sinaloa es una organización criminal despiadada que ha inundado esta comunidad con drogas peligrosas durante décadas”, y dijo que al igual que otras organizaciones de narcotráfico similares, no operaría con tanta libertad ni éxito sin políticos y funcionarios policiales corruptos a sueldo.

“El apoyo de funcionarios extranjeros corruptos al tráfico mortal de drogas debe terminar. Que estas acusaciones envíen un mensaje claro a todos los funcionarios del mundo que colaboran con narcotraficantes: sin importar su cargo o posición, estamos comprometidos a llevarlos ante la justicia”, declaró.

El administrador de la DEA también indicó que el Cártel de Sinaloa no sólo trafica drogas letales, sino que es una organización terrorista designada que se vale de la corrupción y el soborno para fomentar la violencia y el lucro.

“El Cártel de Sinaloa es una de las organizaciones criminales más violentas del mundo y ha convertido al estado mexicano de Sinaloa en el epicentro geográfico del narcotráfico mundial”, señaló el Gobierno estadounidense.

Denunció que, desde su base en Sinaloa, el cártel ha colaborado con elementos criminales de todo el mundo, productores y distribuidores de cocaína en Colombia y Venezuela; narcotraficantes y políticos corruptos en Centroamérica y Sudamérica, y fabricantes de precursores químicos en China y otros lugares, para distribuir grandes cantidades de narcóticos en Estados Unidos y causar graves daños a las comunidades de todo el país.

También ha perpetrado actos de violencia desenfrenada, incluyendo miles de asesinatos, en México y otras partes del mundo, incluyendo Estados Unidos, añadió.

“Para proteger y expandir este imperio del narcotráfico, el cártel presuntamente se ha aliado con políticos y funcionarios policiales corruptos, incluidos los acusados, quienes han abusado de su autoridad en apoyo del cártel, expuesto a las víctimas a amenazas y violencia, y vendido sus cargos a cambio de sobornos cuantiosos. De hecho, ciertos agentes de policía en México, incluidos, según las acusaciones, algunos de los acusados, han participado directamente en la violencia y las represalias del cártel, incluyendo el asesinato de enemigos del cártel y el secuestro de personas en México sospechosas de cooperar con las autoridades estadounidenses en esta investigación”, informó el Departamento de Justicia.

Según la acusación, cada uno de los señalados participó en una conspiración corrupta y violenta de narcotráfico con el Cártel de Sinaloa para importar grandes cantidades de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México a Estados Unidos.

“Los acusados desempeñaron diversas funciones esenciales para el cártel: entre otras cosas, presuntamente protegieron a los líderes del cártel de la investigación, el arresto y el enjuiciamiento; proporcionaron información confidencial de las fuerzas del orden y del ejército a miembros del cártel y narcotraficantes aliados para facilitar las actividades delictivas del cártel; ordenaron a miembros de agencias policiales estatales y locales, como la Policía Estatal de Sinaloa, la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y la Policía Municipal de Culiacán, que protegieran cargamentos de droga almacenados en México y en tránsito hacia Estados Unidos”, según la acusación.

También indica que permitieron que miembros del cártel cometieran actos de violencia brutal relacionados con el narcotráfico sin consecuencias. A cambio, los acusados recibieron colectivamente millones de dólares provenientes del narcotráfico.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó ayer que el 28 de abril a las 18:00 horas recibieron solicitudes de extradición de diversas personas por parte del Gobierno de Estados Unidos y que turnó la información recibida a la Fiscalía General de la República (FGR) para que evalúen dichas solicitudes conforme a la legislación mexicana, pero que no cuenta con elementos de prueba para poder determinar la responsabilidad de las personas de las cuales solicitan la detención provisional con fines de extradición.

“Se informa que en los tratados vigentes hay provisiones específicas que establecen la confidencialidad de la información, por esta razón se enviará un extrañamiento a la Embajada de los Estados Unidos por la forma en que se dio a conocer”, agregó el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo.

La semana pasada, la misma presidenta informó que la SRE envió una carta de extrañamiento al gobierno de Trump por la participación de agentes estadounidenses en el operativo de desmantelamiento de un narcolaboratorio, tras el que murieron los presuntos integrantes de la CIA Richard Leiter Johnston III y John Dudley Black, junto al director de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Román Oseguera Cervantes, y el agente Manuel Genaro Méndez Montes, cuando cayeron por un barranco en la sierra de Chihuahua.

La participación de Estados Unidos en el operativo estatal, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), propició que la presidenta acusara al gobierno de Trump de violar la soberanía nacional. La FGR abrió dos carpetas de investigación sobre el caso y el fiscal general del estado, César Jáuregui Moreno, renunció a su cargo.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, le pidió a la presidenta “un poco de empatía” por la muerte de los dos agentes estadounidenses, y según Fox News el presidente Trump dijo que “México está perdido y Estados Unidos es la única esperanza que tiene”.

Por su parte, el Senado de la República llamó a una reunión de trabajo a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, quien argumentó que existe una investigación abierta sobre el caso, por lo que debe evitar dar cualquier tipo de información.

La misma gobernadora creó “una unidad especializada para la investigación de los hechos ocurridos entre el 17 y el 19 de abril”, y nombró como responsable a Wendy Paola Chávez Villanueva, titular de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM), quien informó que no eran dos, sino cuatro los agentes “civiles” que participaron en el operativo de desmantelamiento del narcolaboratorio.