Chihuahua.- Chihuahua es el quinto lugar nacional en gasto de seguridad pública, pero es el segundo en violencia desde octubre de 2024 a la fecha y el número 15 en despliegue total de elementos de la Guardia Nacional y sus agentes estatales preventivos.

De acuerdo con los datos oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) y el Censo de Seguridad Pública Federal y Estatal 2026 publicado ayer por el Inegi, los estados del país no gastan al parejo en este ramo y algunos, pese a la inversión, no alcanzan siquiera la media del país en la tasa de policías por cada mil habitantes.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer el reporte de resultados del censo que muestra una radiografía institucional de la seguridad en el país y los estados.

El reporte incluye el despliegue de elementos de la Guardia Nacional y las policías preventivas estatales, sin incluir policías municipales, ministeriales ni Ejército; el presupuesto ejercido por las entidades del país; la capacidad instalada de las instituciones, como infraestructura, unidades especializadas, investigación, reacción, proximidad; y algunos resultados de detenciones, armas aseguradas y otros datos de incidencia delictiva.

Contrastados esos datos, que corresponden al ejercicio 2025, con los registros del principal indicador de la violencia criminal, que son las ejecuciones, no aparece relación alguna entre los millonarios gastos en materia de seguridad y los índices delictivos, aunque sí es claro que los estados más violentos del país no alcanzan siquiera la media nacional en la tasa de policías por cada mil habitantes.

Las entidades del país gastan en este renglón bajo un esquema marcadamente dispar, algunas con cuerpos policiales poco numerosos en las zonas más golpeadas por el crimen organizado.

Así, entidades clasificadas con niveles mínimos de estado de fuerza preventivo o con presupuestos modestos reportan menor incidencia de ejecuciones, mientras que demarcaciones que lideran el gasto público continúan estancadas en el mapa de la violencia letal.

Los estados, su gasto, sus policías y sus resultados

El estado de Guanajuato aparece como la entidad más violenta del país. Pese a ejercer un presupuesto de dos mil 324.2 millones de pesos, opera con un profundo déficit de agentes preventivos, pues tiene una tasa de apenas 0.6 policías por cada mil habitantes, al alcanzar un despliegue de tres mil 933 elementos.

Chihuahua ocupa el segundo lugar nacional en homicidios dolosos desde octubre de 2024; estado es la quinta potencia en gasto con cinco mil 638.3 millones de pesos, pero se desploma hasta la posición 15 en despliegue operativo neto, con apenas cuatro mil 855 efectivos y su tasa de cobertura comunitaria se queda corta con 0.8 policías por cada mil personas.

Baja California se posiciona en el tercer lugar de violencia nacional. Su principal debilidad radica en el estado de fuerza, de apenas mil 346 agentes en las calles, lo que representa la tasa de cobertura más baja reportada con apenas 0.3 policías por cada mil habitantes, a pesar de inyectar tres mil 945.5 millones de pesos.

El Estado de México es el cuarto lugar en ejecuciones a nivel nacional, pero su presupuesto en el ramo de la seguridad es el mayor, 19 mil 984.4 millones de pesos anuales registrados en 2025, lo que le permite concentrar el despliegue operativo estatal más robusto de la muestra con 19 mil 501 efectivos y una tasa policial de 1.1 elementos por cada mil personas.

Sinaloa está ubicado en la quinta posición de la escala delictiva del SNSP en materia de homicidios dolosos. Su fuerza policial preventiva es de mil 791 efectivos y su gasto estatal es de 965.4 millones de pesos, lo que representa una tasa de 0.6 oficiales por cada mil habitantes.

Esos cinco estados lideran la incidencia de ejecuciones, pero en el caso de Chihuahua, su presupuesto es el quinto nacional y el despliegue policial preventivo lo ubica a media tabla del comparativo de todo el país, por lo que no existe correlación evidente entre la inversión en la materia y sus resultados en la contención de la violencia.

La seguridad en Chihuahua

La inversión en Chihuahua en materia de seguridad aparece entre las más altas de los estados del país, de acuerdo con el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal y Estatal 2026. Este gasto forma parte de una erogación nacional de más de 108 mil millones de pesos ejercido por las instituciones estatales durante el año pasado. A ello sumaron 28 mil 126 millones de pesos ejercidos por la Guardia Nacional.

El censo reporta que 57.2% del personal policial de Chihuahua desempeñó funciones de prevención durante 2025. Sin embargo, las proporciones reportadas para otras funciones son mínimas: cero por ciento en reacción, 0.3% en proximidad social y 4.1% en investigación.

El Inegi advierte que las categorías de función no son necesariamente excluyentes, por lo que una misma persona pudo desempeñar más de una función. Por ello, las cifras deben leerse como la distribución reportada por la institución y no como una plantilla dividida en compartimentos estrictamente excluyentes.

El estado también aparece entre las entidades que reportaron 100 por ciento de su personal policial con Certificado Único Policial (CUP). El CUP requiere, entre otros elementos, formación inicial, evaluación de competencias básicas, evaluación del desempeño y control de confianza aprobados y vigentes.

Sin embargo, en censo no reporta datos de la aprobación de los exámenes de confianza ni cuántos elementos han sido dados de baja por no aprobarlos, así como tampoco incluye cuántos certificados se encuentran actualmente vigentes.

La infraestructura policial de Chihuahua también presenta una característica particular. El estado reportó 83 unidades de infraestructura policial, de las cuales 22 eran comandancias, estaciones o subestaciones; 25 correspondían a módulos o casetas fijos; no se reportaron cuarteles y 36 eran módulos o casetas móviles.

Esto representa que casi 44% de las unidades de infraestructura reportadas fueron móviles, pero ni éstas ni las fijas son reportadas con ubicaciones específicas en la entidad.

Por otra parte, durante 2025 Chihuahua reportó 138 ingresos a las instituciones de formación policial y 99 egresos, además de 39 deserciones registradas en el periodo, pero no especifica el censo alguna tasa de deserción medida ni cuántos policías necesita realmente el estado ni cuántas plazas tiene vacantes.

En otro apartado, el censo expuso 21 personas fallecidas adscritas a instituciones de seguridad pública en Chihuahua durante 2025. De ellas, 12 murieron por causas naturales, dos en accidentes, cinco por homicidio doloso y dos por causas externas.

En cuanto a enfrentamientos, los registros del censo muestran que Chihuahua reportó, como resultado de enfrentamientos en los que participaron la Guardia Nacional o instituciones estatales de seguridad pública, cinco civiles armados fallecidos, tres lesionados y 28 detenidos.

En el contexto nacional, durante 2025 contabilizaron 830 enfrentamientos: 745 originados por reacción del personal y 84 por acciones derivadas de inteligencia, denuncias, reportes de emergencia, patrullajes o detenciones.

En el año de registro, además, fueron registrados cuatro mil 090 probables robos o asaltos en carreteras y puentes por la Guardia Nacional y las instituciones estatales. Para Chihuahua, la tabla del Inegi reporta 38 casos, todos registrados por instituciones estatales.

El problema de la capacidad operativa también puede observarse a través de los aseguramientos. Durante 2025 las instituciones de seguridad pública del país aseguraron 21 mil 088 armas de fuego, además de un millón 721 mil 268 municiones.

Del total de armas de fuego, nueve mil 587 fueron largas y 10 mil 102 cortas. También reportaron lanzagranadas, lanzacohetes, granadas, minas y otros explosivos. Pero estos datos no aparecen desagregados por estados del país.

Así, la radiografía de la seguridad preventiva en el estado muestra un gasto de más de cinco mil 600 millones de pesos, 83 instalaciones policiales, 100 por ciento de certificación reportada, 21 agentes fallecidos, 38 asaltos carreteros y 36 módulos móviles, entre otros datos que contrastan con el segundo lugar nacional en violencia homicida que ocupa el estado, según los datos de octubre de 2024 a la fecha.