Chihuahua, Chih.- El abogado Gustavo Silva de la Rosa, quien cuenta con una maestría en Derecho Político, consideró que la cancelación de visas a cantantes de corridos contraviene el derecho a la libertad de expresión y advirtió la incongruencia que existe en el hecho de que América del Norte sea la mayor zona comercial del mundo, por la cual transitan libremente todo tipo de mercancías, pero no las personas.

Silva de la Rosa reconoció que Estados Unidos es soberano para determinar a quién admite dentro de su territorio, sin embargo, desde una perspectiva filosófica, dicha soberanía puede reñir con los derechos humanos, primero por impedir el libre tránsito de las personas.

Como ejemplo expuso que, mientras en el bloque Canadá-estados Unidos-méxico pueden pasar mercancías con toda libertad, incluso armas, no ocurre lo mismo con las personas; caso contrario es el de la Unión Europea, donde además del libre comercio, la gente puede recorrer los diversos países miembros sin restricciones excesivas.

Abundó que la política migratoria de Estados Unidos resulta más cuestionable por el trato que da a las personas, por ejemplo con las redadas de ICE que incluso han culminado en asesinatos o en las nuevas disposiciones de retirar visas a madres de familia por el sólo hecho de que sus hijos nacieron en suelo norteamericano.

En el caso específico de la remisión de visas a cantantes de corridos tumbados o narcocorridos, como pasó al cuauhtemense Diego Millán, Calle 24, el jurista refirió que además se viola la libertad de expresión.

Manifestó que si el Departamento de Estado encontró alguna relación del joven intérprete con grupos delictivos, debe probarse dicha conexión y no sólo impedirle el ingreso por el contenido de sus canciones.

“¿Nos van a decir que la gente de allá se droga por los narcocorridos?”, cuestionó el abogado, quien además reparó en lo problemático que puedo resultar la categorización de los cárteles del narcotráfico como grupos terroristas.

Subrayó que los grupos de la delincuencia organizada, si bien son un problema de seguridad y son dañino, no son terroristas pues carecen de motivaciones políticas. De tal manera, el manejo semántico que hace el gobierno del vecino país les permite aplicar la ley de la manera que mejor les conviene para sus fines, incurriendo en violaciones a derechos en un abuso de su soberanía.

Por su parte, Julio Valverde, abogado mexicano con experiencia en llenado de formularios para el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, consideró que las autoridades norteamericanas prestan más atención a las actividades pasadas y conexiones personales de los solicitantes, para determinar si pudieran tener relación con grupos que consideran peligrosos para la seguridad nacional, como agrupaciones terroristas o cárteles del narcotráfico que ahora son catalogados como organizaciones terroristas.

En su experiencia, las preguntas que realizan las autoridades migratorias van más encabaminadas hacia indagar esos antecedentes, por lo que, a su parecer, el retiro de visas a cantantes de narcocorridos o incluso “influencers” estaría más relacionado con posible vínculos familiares, de amistad o de otro tipo que el gobierno considere problemáticos.

Finalmente, el profesor en Geopolítica, Edmundo Zapién, subrayó que el tema migratorio es meramente político y, durante la administración de Trump, ha estado aparejado a la lucha contra el narcotráfico y en particular contra el fentanilo la cual, aunque es real, tiene una finalidad adicional que es generar presión hacia el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo para que doble las manos en favor de sus intereses.

Reparó en que el gobierno estadounidense ha logrado incluso modificar el mapa político de América Latina, brindando apoyo a grupos de derecha para quedarse con el poder en sus respectivos países, así ha pasado en Argentina, Colombia y Perú, por brindar unos ejemplos.

En el caso de México, la situación es más complicada al ser una nación tan cercana a la Unión Americana, por lo que el retiro de visas de ciudadanos mexicanos, tengan o no supuestos vínculos con la delincuencia organizada, se ha convertido en una herramienta para ejercer ese control.