Chihuahua.- La Jueza Décimo de Distrito, Madhay Soto Morales, determinó dejar sin materia la suspensión definitiva otorgada en el juicio de amparo promovido por la Secretaría de Hacienda del Estado, contra la atracción de la causa penal contra el exgobernador Javier Corral, ya que según precisó un Tribunal Colegiado ya se pronunció́ en relación con la competencia de la causa penal, respecto a que es un tema del ámbito federal.
Por su parte el fiscal Anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela, comentó que mantendrán la carpeta de investigación mientras no sean resueltos los recursos legales a los que han recurrido.
La resolución corresponde al 27 de enero e indica que la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, a cargo de Abelardo Valenzuela Holguín, deberá acatar lo indicado por un Tribunal Colegiado, para que sea una autoridad federal la que conozca del caso, de la causa penal 3050/2024, de la cual desprendió el conflicto competencial 20/2025.
Apuntó que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuilo, resolvió que es legalmente competente el Juez de Distrito adscrito al Centro de justicia Penal Federal en Chihuahua, en funciones de Juez de Control, para seguir conociendo de la causa penal 27712025, del índice del Tribunal Federal en funciones de Control, seguida en contra de Javier Corral Jurado.
Valenzuela dijo que hasta en tanto no se resuelvan todos los recursos legales, la carpeta de investigación continúa en Chihuahua. Además de que el imputado tiene fuero, ni el propio MPF puede ejercitar acción penal porque tiene inmunidad constitucional.
“Nosotros seguimos defendiendo a la víctima que son los Chihuahenses, ya que ese desvió y disposición de los 98.6 millones de pesos fueron totalmente recursos estatales. Como está debidamente acreditado en la carpeta de investigación como se realizó ese pago millonario”, añadió.
“Ya denunciamos ante el Tribunal de Disciplina Federal la resolución del juez Alcoverde, que -en audiencia furtiva- determinaron junto el colegiado violar todo el texto constitucional y de competencias entre Estado y Federación, y el sistema nacional de fiscalizacion y la propia ley de coordinación fiscal”, apuntó.
Concluyó que es claro que todo esto se da por intentar proteger a un imputado de una denuncia presentada por la ASE y judicializada por la FACH ante el órgano jurisdiccional, donde hubo ordenes de aprehensión y aseguramiento de bienes inmuebles a los imputados y aseguramientos de cuentas bancarias, ficha roja y alertas migratorias. ochavez@diarioch.com.mx