Ciudad Juárez– Hasta una decena de agencias del Gobierno estadounidense mantienen presencia activa y cooperación continua con autoridades mexicanas en Juárez, enfocadas principalmente en seguridad fronteriza, inteligencia contra el narcotráfico, control migratorio y desarrollo social.

Éstas colaboran directamente con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), con capacitaciones e inteligencia que han derivado en la desarticulación de grupos criminales, casas de seguridad y operaciones de tráfico de personas.

En el marco de esta cooperación, Gilberto Loya Chávez, titular de la SSPE, anunció el lunes que la Torre Centinela opera en colaboración con agencias de seguridad de Estados Unidos como la Administración de Control de Drogas (DEA), que incluso mantiene una lista de objetivos prioritarios vinculados a las organizaciones criminales que controlan la plaza de Juárez.

La Fiscalía General del Estado (FGE) indicó a través de su área de Comunicación Social que existe una colaboración permanente con las agencias estadounidenses de seguridad, lo que ha dejado resultados para las instancias de ambos países.

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) es una de las dependencias más activas en la ciudad. Financia proyectos para combatir la violencia sexual infantil y programas de prevención del delito en comunidades vulnerables. También apoya la reinserción social de mujeres en centros penitenciarios. Estas actividades bajo los términos del Marco Bicentenario, desplegado desde 2021, en colonias como Riberas del Bravo y Felipe Ángeles, financiando programas de mediación de conflictos y reinserción de jóvenes en riesgo a través de la organización el año pasado.

En cuestión de seguridad, en la iniciativa binacional “Se Busca Información”, que aplica desde el 2019, participan la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado (INL) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en la instalación de espectaculares en los puentes internacionales con los rostros de los criminales más buscados por ambos gobiernos en la zona Juárez-el Paso.

CBP, además, despliega operativos en la frontera para combatir el tráfico de personas, armas y fentanilo. La INL otorgó en 2025, apoyo técnico para la certificación de los Centros de Justicia para las Mujeres (Cejum) y la capacitación de peritos de la fiscalía local.

De acuerdo con el archivo periodístico, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) ha participado en el intercambio de información y la investigación de redes de tráfico de armas; por ejemplo, el 21 de octubre pasado México y Estados Unidos lanzaron un plan fronterizo inédito centrado específicamente en frenar el tráfico de armas hacia territorio mexicano desde ciudades como El Paso. También, el año pasado, el 14 de febrero, anunció la captura de Humberto R. R. (alias “El Chato”), identificado como un objetivo prioritario para el FBI en Juárez.

Otro ejemplo de la colaboración entre instancias estadounidenses y la FGE data del 28 de mayo pasado, cuando la Fiscalía de Operaciones Estratégicas en la Zona Norte, en colaboración con el FBI y la DEA, detuvo en Ciudad Juárez a Mario S. B. quien estaba prófugo por cargos de distribución de drogas en Estados Unidos.

La Oficina de Cumplimiento Aduanal y Migratorio (ICE), por su parte, también opera en la zona en asuntos de inteligencia sobre terrorismo y asuntos financieros.

Jorge Armendáriz, director de Comunicación Social de la SSPE, informó que desde la CBP hasta el FBI y agencias menores han permitido el rescate de migrantes privados de la libertad y la detención de 120 delincuentes relacionados con estructuras criminales vigiladas por Estados Unidos y Chihuahua.

Son alianzas que han servido para un aproximado de 70 capacitaciones a policías estatales en temas como tráfico de drogas, manejo de explosivos, trata de personas, ciberdelitos e inteligencia, aunque también ha permitido la desarticulación de 65 inmuebles utilizados por la delincuencia organizada y la realización de 215 operativos espejo en la frontera de Chihuahua con Estados Unidos, particularmente estos dos últimos indicadores de la mano con CBP.

“Estos esfuerzos han permitido el rescate de más de mil 500 personas en situación de movilidad y la detención de 120 presuntos delincuentes, quienes fueron puestos a disposición de las autoridades”, añadió.

No es una colaboración exclusiva con la SSPE. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal participa también de la apertura de las autoridades estadunidenses, dijo Adrián Sánchez, director de Comunicación de la corporación en Juárez.

De manera mensual, titulares de agencias estadunidenses y mexicanas, incluida la Policía Municipal, realizan una sesión binacional para compartir información, inteligencia y mantener “una estrecha colaboración”, dijo Sánchez.

La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) participa en el rastreo de armas traficadas desde Estados Unidos hacia México, particularmente bajo la iniciativa “Mission Firewall”.

Aparte, el Departamento de Estado, además de gestionar el Consulado General (el más grande del mundo), otorga subvenciones para diplomacia pública en temas de cultura, educación y tecnología, como el laboratorio móvil Fablab que visitan alumnos de escuelas juarenses.

En tanto, la Agencia de Protección Ambiental (EPA), a través del programa Frontera 2025, trabaja directamente con autoridades locales para mejorar la calidad del aire en la cuenca Juárez-el Paso y gestionar residuos transfronterizos.

Incluso, el Banco de Desarrollo de América del Norte (NADBANK) financia infraestructura crítica en la frontera, como la modernización de los colectores de alcantarillado y plantas de tratamiento de agua en zonas como el norponiente de esa ciudad.

Por otra parte, la SSPE emitió un reporte respecto a los avances de la Plataforma Centinela en la entidad, en el que precisó que está en una fase de consolidación, con más del 90 por ciento del despliegue global completado.

Destacó que el sistema cuenta actualmente con ocho mil 592 cámaras instaladas, lo que representa un 89.30 por ciento de avance global en la implementación del equipamiento de videovigilancia.