Explicó que existen algunas acciones que las autoridades de México pueden tomar en caso de que una persona sea investigada por la instancia fiscalizadora de la Unión Americana, como es el congelamiento de cuentas, sin que haya alguna acusación formal del Gobierno mexicano.
Declaró que es común que en México no haya información sobre el sentido del resultado de las indagatorias que realiza el Departamento del Tesoro, a pesar de que genera afectaciones para las empresas o personas, debido a que quedan estigmatizadas.
En 20 años, la Oficina de Control de Activos Extrajeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha detectado y sancionado a 15 ‘narcoempresas’ en Chihuahua.
Destacó que tenían en común que eran negocios “legales”, sin investigaciones en contra en México.
La Lista de Personas Especialmente Designadas y Bloqueadas (SDN) que el país vecino ha elaborado por décadas ha identificado operaciones, mediante empresas de apariencia legítima, de cuatro facciones criminales en los últimos años.
La más reciente es la de Gorditas Chiwas y Grupo Especial Mamba Negra de seguridad privada, pero a esas las anteceden organizaciones de diversos giros, desde el año 2025 y a la fecha.
Hasta 2021, el Departamento del Tesoro había utilizado la denominación “Narcotraficante Especialmente Designado” (Specially Designated Narcotics Trafficker, SDNTK, una categoría derivada de la llamada Ley Kingpin), pero después de esa fecha modernizó sus acusaciones bajo una orden ejecutiva del entonces presidente Joe Biden (EO14059), para dotarlas de mayores alcances financieros e incluir el combate al fentanilo.
Al respecto, Silva apuntó que en ocasiones pareciera que estos señalamientos obedecen más a intereses políticos o tácticas de desprestigio de un gobierno, ya que son pocas las veces que llegan a detenciones o acciones de otra índole.