Chihuahua.-Docentes y padres de familia del preescolar federal “Towi”, ubicado en Ciudad Juárez, hicieron un llamado a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, para que intervenga y agilice el proceso legal en contra de la directora Nora Suárez, cuyo juicio de destitución, aseguran, no debe prolongarse ni quedar impune.

De acuerdo con los inconformes, las acusaciones en contra de la directiva son de “máxima gravedad” y, sostienen, existen pruebas que justificarían su separación definitiva del cargo. Entre los señalamientos mencionan presuntos actos de hostigamiento laboral, sobajamiento, violencia psicológica, difamación y represalias contra personal docente.

El abogado Bernardo Cerdeira, quien encabeza la defensa legal de los denunciantes junto con otros litigantes, solicitó formalmente que el juicio sea llevado a cabo en la capital del estado, en la ciudad de Chihuahua. Esto, con el objetivo de garantizar imparcialidad en el proceso, explicó.

Según indicó, existe preocupación por una posible protección hacia la directora debido a su cercanía con la inspectora Deyanira Corral y presuntas relaciones con autoridades de niveles superiores.

Los quejosos afirmaron que diversas denuncias previas habrían sido ignoradas, lo que, señalan, derivó en un posible encubrimiento sistemático dentro del ámbito administrativo.

Otro de los puntos que ha generado controversia es la presunta presentación de una denuncia por parte de la directora para iniciar un proceso administrativo.

De acuerdo con los denunciantes, la cronología de fechas y las incapacidades médicas presentadas, cuya veracidad, aseguran, aún no ha sido confirmada, no tendrían coherencia, lo que ha levantado sospechas de que pudiera tratarse de una estrategia para evadir sanciones.

Asimismo, cuestionaron que actualmente permanezca en su domicilio percibiendo salario sin desempeñar funciones, situación que califican como irregular.

Por su parte, padres de familia señalaron que las conductas denunciadas no sólo afectaron al personal docente, sino también a los menores y a la comunidad escolar. Entre las acusaciones destacan presunta discriminación hacia alumnos, falsificación de firmas de padres, amenazas, hostigamiento y maltrato.

En el ámbito administrativo también denunciaron un mal manejo de recursos económicos del plantel, que incluiría la desaparición de materiales donados, intentos de fraude, sobrecostos en la adquisición de insumos y la organización de actividades para recaudar fondos destinados a la construcción de una barda que, según afirmaron, no correspondía al jardín de niños. Asimismo, mencionaron el presunto traslado de mobiliario escolar a un domicilio particular.

De igual forma, denunciantes señalaron el intento de fraude por casi un millón de pesos, en el que, aseguran, habrían presionado a una madre de familia para firmar documentos en repetidas ocasiones y en horarios irregulares, sin pleno conocimiento del contenido.

Ante este panorama que califican como lleno de tensión e incertidumbre, docentes y padres reiteraron su exigencia de que las autoridades educativas y estatales actúen con prontitud y transparencia.

Subrayaron que su principal objetivo es salvaguardar la integridad de los niños y restablecer la confianza en la institución, insistiendo en que el proceso legal debe resolverse conforme a derecho, pero sin dilaciones que puedan interpretarse como impunidad.