Chihuahua.- Habitantes de Guadalupe y Calvo y de Tamazula denunciaron que en los últimos días hubo un incremento de retenes del crimen organizado, amenazas y una sensación constante de vigilancia en caminos rurales y zonas serranas.

“Me duele mi corazón de ver mi Sierra querida, la que por muchos años viví y disfruté mi infancia y parte de mi adolescencia. La situación de injusticia que viven las comunidades es verdaderamente desoladora”, expresó en redes sociales Guadalupe Villareal, originaria de la región.

La percepción de vigilancia constante ha modificado hábitos básicos, aseguran pobladores de comunidades que están en el llamado “Triángulo Dorado”, la región montañosa situada en la Sierra Madre Occidental que abarca partes de los estados de Chihuahua, Sinaloa y Durango.

Históricamente, esta zona ha sido conocida por ser un centro de producción de drogas, particularmente mariguana y amapola, y por ser la cuna de varios líderes del narcotráfico.

Padres de familia que habitan en esta región expresaron que evitan que sus hijos salgan solos y productores reducen traslados innecesarios.

En Atascaderos, una madre de tres menores relata que optó por enviar a sus hijos con familiares fuera del municipio. “Prefiero que estudien lejos a que estén aquí con esta incertidumbre. No sabes cuándo puede pasar algo”, mencionó.

La Fiscalía de Distrito Zona Sur (FDZS) de Chihuahua confirmó que en la última semana registraron al menos cuatro homicidios dolosos en la región de Atascaderos, incluidos el asesinato de un adolescente de 14 años y varios ataques con granadas, hechos que detonaron el desplazamiento de 80 personas hacia Hidalgo del Parral y otras zonas del estado.

De acuerdo con análisis especializados y reportes de organismos civiles, entre 2016 y lo que va de 2026 al menos 11 mil 534 personas en Chihuahua han sido forzadas a desplazarse de sus lugares de origen debido a violencia asociada al crimen organizado, con episodios concentrados en municipios serranos como Guadalupe y Calvo.

El fiscal general del estado ha señalado que los reportes de desplazamiento forzado se concentran particularmente en Guadalupe y Calvo y en zonas como Moris, donde enfrentamientos, amenazas y control territorial por parte de grupos delictivos obligan a familias a abandonar sus hogares para salvaguardar su integridad.

En febrero de 2026, autoridades federales y estatales informaron el desmantelamiento de un narcolaboratorio en el municipio de Tamazula, localizado cerca del poblado de Chacala, valorado en más de 4 mil 651 millones de pesos, considerado uno de los golpes más importantes al crimen organizado en lo que va del año.

Durante ese operativo aseguraron y destruyeron aproximadamente 2 mil 400 kilogramos de metanfetamina lista para su distribución, así como precursores químicos y equipo especializado para la producción de drogas sintéticas: 24 mil 960 litros de alcohol etílico, 26 mil 160 litros de fenil-2-propanona (P2P), 26 mil 160 kilos de sosa cáustica, 900 kilos de cianuro, 10 kilos de aluminio y maquinaria como reactores, condensadores, mezcladoras y tanques, todos inutilizados para evitar su reutilización.

El operativo fue realizado tras patrullajes aéreos y recorridos terrestres, y el decomiso representa una parte de las más de 4.15 toneladas de metanfetaminas incautadas en Durango en lo que va del año, así como más de 111 toneladas de sustancias químicas aseguradas en operaciones contra narcotráfico en la región.

Aunque este golpe al crimen organizado es de gran magnitud, no han reportado detenciones relacionadas directamente con el narcolaboratorio de Tamazula.

“Ya no es como antes, cuando uno podía ir y venir al rancho sin pensar en nada”, comenta Rogelio, comerciante del centro de Guadalupe y Calvo. Señala que varios clientes decidieron mudarse tras semanas de violencia e intimidaciones. “Primero comenzaron a cerrar temprano, luego vendieron lo que pudieron y se fueron”.

“Uno aprende a no preguntar y a no comentar nada”, expresa una maestra rural que pidió omitir su nombre. Explica que en el último ciclo escolar perdió cinco alumnos porque sus familias se mudaron. “Los niños no entienden por qué tienen que irse de un día para otro”.

En Guadalupe y Calvo y en comunidades como Atascaderos, pobladores denuncian que los caminos rurales se han convertido en puntos de revisión no oficiales. Vehículos detenidos, preguntas insistentes y advertencias veladas forman parte de una rutina que, aseguran, se ha intensificado en los últimos meses.

La economía local resiente el impacto. La actividad forestal y agrícola, pilares históricos de la región, enfrenta obstáculos adicionales. Productores señalan que el transporte de mercancías implica mayores riesgos y costos. “Si el camino no es seguro, el negocio tampoco lo es”, afirma Martín, pequeño ganadero. Asegura que algunos vecinos han dejado de sembrar por temor a perderlo todo.

A la problemática de seguridad se suma la precariedad de servicios públicos. En varias comunidades los centros de salud no cuentan con personal permanente y los caminos presentan deterioro severo, lo que dificulta cualquier respuesta rápida ante emergencias. Una enfermera que cubre turnos en la zona explica que hay traslados que pueden tardar horas. “La distancia y la falta de infraestructura complican todo”.

El desplazamiento comienza a ser visible. Viviendas cerradas y escuelas con menos matrícula evidencian la salida de familias hacia otros municipios de Chihuahua y Durango. No se trata de una migración planificada, sino de decisiones precipitadas ante el temor.

Don Ernesto, agricultor de 62 años, decidió enviar a su esposa e hijos a Durango capital mientras él permanece cuidando su rancho. “No quiero irme, pero tampoco quiero que mi familia corra riesgos. Uno se queda porque tiene raíces, pero cada día es más difícil”, señala.

La responsabilidad institucional es un tema recurrente en las conversaciones locales. Habitantes cuestionan la falta de una estrategia permanente que garantice seguridad real y condiciones para el desarrollo. La presidenta Claudia Sheinbaum y las autoridades estatales enfrentan un reclamo concreto: presencia efectiva y sostenida, no sólo operativos temporales.

Mientras tanto, la vida en la sierra continúa marcada por la cautela. Las reuniones comunitarias son más discretas y los traslados se planean con anticipación. La normalización del miedo es el indicador más preocupante.

“Muchos están saliendo de los poblados emigrando a otros estados y otros municipios para preservar sus vidas”, aseguran personas que se han quedado en sus comunidades.

Cada familia que se va representa una casa cerrada, un negocio menos y una comunidad más frágil, lamentan.