Chihuahua.- Tras la suspensión del juez de Control Manuel Jurado Torres por el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), el Poder Judicial del Estado (PJE) informó que el proceso penal no será interrumpido y reasignará el caso de Edna a otro juzgador conforme a los procesos del área de Gestión.
El vocero del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Israel Rivera Arrieta, afirmó que la medida disciplinaria no detendrá el procedimiento penal relacionado con la muerte de la maestra Edna Marilin Chávez Loya.
“El proceso penal correspondiente continúa su trámite conforme a derecho y sin interrupciones”, indicó el funcionario.
Rivera Arrieta explicó que el Tribunal Superior de Justicia realizará la reasignación del expediente de manera inmediata entre los jueces de Control del distrito judicial, con el fin de garantizar los principios de continuidad, prontitud y expeditez que rigen el sistema de justicia penal.
La coordinación del turno corresponde al área de Gestión Judicial, instancia que apoya y organiza la distribución de los asuntos cuando ocurre la recusación, excusa o ausencia de un juzgador, con el propósito de evitar la saturación de las salas y mantener en curso las audiencias programadas.
El vocero del Poder Judicial precisó que el punto central no radica en la identidad del juez que asumirá el expediente, sino en la garantía de que el proceso continúe sin afectar los derechos de la víctima.
“Lo importante no es a quién se asigne; lo importante es que los derechos de la víctima no se ven interrumpidos y su proceso siga”, expresó.
La sustitución del juez será bajo condiciones que permitan mantener la programación de audiencias y las actuaciones procesales previstas, con el objetivo de evitar dilaciones injustificadas dentro del procedimiento penal.
El pronunciamiento del Poder Judicial ocurre después de que el Tribunal de Disciplina Judicial resolvió suspender de manera inmediata al juez Manuel Jurado Torres, quien llevaba el caso relacionado con la muerte de la maestra ocurrida el pasado 2 de febrero en Parral.
La decisión del órgano disciplinario surgió en medio del reclamo público de la familia de la víctima, colectivas feministas y diversos sectores sociales que cuestionaron la reclasificación del delito de feminicidio a homicidio imprudencial dentro del proceso judicial.
De manera paralela, la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM) promovió recursos legales para revertir esa determinación y solicitó que el caso sea analizado con perspectiva de género.
En ese contexto, el Poder Judicial recordó que durante el último año magistradas, magistrados, juezas y jueces han recibido capacitaciones en materia de razón y perspectiva de género, además de la implementación de tribunales especializados dentro del sistema judicial.
La Fiscalía General del Estado sostiene que el Ministerio Público cuenta con datos de prueba para acreditar que el atropello que provocó la muerte de la docente no constituyó un accidente, sino una agresión deliberada, argumento que buscará sostener durante el desarrollo del juicio.
Con la reasignación inmediata del expediente, el Poder Judicial del Estado aseguró que el procedimiento continuará con normalidad mientras resuelven la situación administrativa del juez suspendido y mantienen en curso las etapas procesales del caso.