Chihuahua, Chih.- La privación de la libertad del tesorero municipal de Coyame, Carlos Guillermo Ramírez Navarrete, el viernes de la semana pasada, pone en relieve los casos en que funcionarios públicos de distintas dependencias y niveles de gobierno han quedado en situaciones de riesgo.

Ramírez Navarrete fue visto por última vez el 6 de marzo pasado; su vehículo fue localizado abandonado en calles de Coyame, según informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).

Al día siguiente, aprehendieron a Elvira Concepción A. R., por el delito de resistencia de particulares y su posible participación en la desaparición del funcionario.

Sin embargo, tras tomarle declaración, no tuvieron más motivos para mantenerla detenida, detalló el martes el coordinador de las Unidades de Investigación Foráneas en la Zona Centro, Francisco Arturo Arizpe.

Asimismo, indicó que la familia del funcionario presentó el reporte formal de desaparición hasta el lunes, ya que pensaban que su ausencia podría ser voluntaria.

Puntualizó que Carlos Guillermo no tenía enemigos ni encuentran motivos por los que pudiera haber sido “levantado”. Tampoco han recibido solicitudes de rescate por él.

Entre el último trimestre de 2025 y el año en curso son varios los ejemplos en los cuales trabajar para una instancia gubernamental ha significado peligro, por verse envueltos en sucesos violentos u otras situaciones.

El 19 de noviembre de 2025, Othoniel Meraz Vargas, de 44 años, director de Servicios Públicos Municipales de Moris, junto con Francisco Efrén Amado Guevara, de 35, quien operaba como chofer de dicho Ayuntamiento, y Jesús Adrián Torres Servín, de 34, desaparecieron en una de las carreteras del municipio. Hasta la fecha no han sido localizados.

Poco después, el 22 de noviembre, fue asesinado Lauro Orozco Gómez, exalcalde de Ignacio Zaragoza. La víctima fue ultimada en el exterior de su casa en la cabecera del municipio que gobernó, una de las líneas de investigación está relacionada con su actividad comercial.

Al mes siguiente, el 29 de diciembre, privaron de la libertad a cuatro policías municipales que integran la escolta de la alcaldesa de Ojinaga, Lucy Marrufo, cuando todos regresaban de una reunión de seguridad en Aldama.

Los agentes fueron localizados con vida al día siguiente. El hecho violento ocurrió en el tramo entre Aldama y Ojinaga, en donde los bajaron de una patrulla y despojaron de sus armas; sin embargo les fueron regresadas cuando los liberaron.

El 6 de enero pasado, Octavio Moncada Leyva, de 51 años de edad, presidente seccional de Las Varas, fue reportado como desaparecido por sus familiares, luego de que fue visto por última vez en el municipio de Madera, Chihuahua. Tampoco ha sido localizado hasta este momento.

Dos días después, el 8 de enero, David Barraza, funcionario del Gobierno del Estado adscrito a la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, perdió la vida en un accidente de carretera en el tramo Chihuahua a Cuauhtémoc.

Pero el desempeño de la función pública no solamente representa un riesgo para quienes ocupan los cargos de mayor responsabilidad, ya que está el ejemplo de Jorge Gabriel Zúñiga Carbajal, encuestador del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), quien murió mientras cumplía con su trabajo en octubre del año pasado.

Salió de su base en Urique el 8 de octubre, pero nunca llegó a su destino. Esta semana fue confirmado que habría muerto en una brecha por causas aún no determinadas. (Orlando Chávez