Ciudad Juárez.- Previo a dar su declaración incriminatoria, Vianey Esmeralda H. G., escribió –durante los minutos de receso que dio el juez en medio de la audiencia inicial en su contra– una solicitud para asumir la responsabilidad penal de la muerte de Eithan Daniel, su hijo de 18 meses, mediante un procedimiento abreviado, que, sin embargo, no prosperó.

Escribió la petición al Ministerio Público en unas hojas blancas de papel tamaño oficio que le dio su defensora pública, con el dictado de la abogada en el que reconocía su culpabilidad y que se apegaría al proceso especial, renunciaría al juicio oral y a la apelación de la sentencia, pero tras una oferta de 50 años de prisión por parte del Ministerio Público de 60 que es la pena máxima en su caso, la defensora aconsejó retirar la solicitud, y Vianey lo hizo.

Enseguida habló en el estrado y admitió haber golpeado a Eithan, haberlo visto morir, y luego ir a tirar su cadáver en una zona desértica del kilómetro 26 de la carretera a Casas Grandes, y, sin darle importancia, habló de cómo la torturaron con una bolsa en la cabeza para que admitiera que ella o su pareja, Bryan Gabriel S. A., –coimputado por el homicidio agravado y calificado–, habían violado al niño, pero nunca lo reconoció pues, dijo, eso jamás ocurrió.

Casi por concluir la audiencia inicial en que fueron acusados formalmente de los delitos de homicidio calificado y agravado, Vianey también fue imputada por delitos contra el respeto a los cadáveres; la defensa particular de Bryan solicitó medidas de seguridad para ambos, por temor a represalias al interior de los Centros de Reinserción Social varonil 3 y femenil 2, a donde fueron enviados a prisión preventiva por 24 meses o el tiempo que dure su proceso.

“A mí me quisieron meter (el cargo de) violación hacia el niño, que fue el papá. A mí, estando ahí (en Fiscalía Zona Norte)... No sé si lo puedo decir o no… A mí me pusieron la bolsa de que ‘dime, qué le hacía el papá a su hijo’ y yo le dije ‘hágame lo que quiera, el papá no tiene nada que ver y el niño no sufrió violación’', dijo ante cuestionamientos de la asesoría de víctimas por parte de la Comisión Ejecutiva en la materia.

Luego, el abogado defensor de Bryan le preguntó si podía explicar sobre la bolsa, y ella respondió: “a mí me decían que quién violó al niño. Desde el día uno (de su detención, el 18 de marzo) a mí nunca me mencionaron violación. Después al día siguiente me empiezan a decir que quién violó al niño, y yo le dije que yo no le hice nada de eso al niño. Yo admití los golpes que le hice al niño, que se me cayó el niño, la verdad. Cuando empiezan a cuestionarme de que Bryan fue el que abusó al niño yo les dije ‘háganme lo que quieran que de ahí no me van a sacar porque él no le hizo nada. El niño no sufrió violación; sí sufrió violencia conmigo pero la violación fue una mentira’.

“Cuando (digo) eso, me dicen ‘¿ah, sí?’ y me ponen la bolsa (en la cabeza). Yo me retorcí. ‘¿Quién lo violó?’, ‘ya les dije que no hubo violación, péguenme, háganme lo que quieran. No hubo violación”, relató ante el juez Raúl Palos Pacheco.

El abogado defensor insistió en esa parte de su relato. Vianey respondió que ella no vio que le hubiesen hecho lo mismo a Bryan, pero él le contó que sí, y que a él le golpearon los genitales, le pusieron la bolsa, le pegaron en los dedos de los pies. Afirmó que su pareja vio cuando a ella la torturaron.

Vianey no pudo a ver a los agentes que la torturaron. Dijo que le hacían agachar la cabeza para moverla de una oficina a otra, dentro de las instalaciones del eje vial Juan Gabriel de la Fiscalía Regional. En una sola oficina la torturaron, dijo, ubicada en una segunda planta para la que tuvo que subir rampas, como es la segunda planta de la Fiscalía.

Aseguró que en ningún momento su defensora fue presentada ante ella para decirle que la representaría ni explicarle sus derechos, aunque en actas de la investigación señalan a Blanca Patricia Flores García como su defensora en sede ministerial.

Por estos señalamientos, la defensora pública en juzgados de Vianey solicitó dar vista al Ministerio Público por los tratos crueles e inhumanos contra su representada, además de activar el protocolo de Estambul para evaluaciones médicas y psicológicas que permitan afirmar o negar la existencia de consecuencias por la tortura.