Chihuahua, Chih.- Integrantes de la sociedad civil local, nacional e internacional atendieron a familias que, derivado de la violencia en Chihuahua (específicamente en la zona serrana), en Sinaloa y Durango, han tenido que salir de sus comunidades.

La intención de dicha visita fue documentar y visibilizar las violaciones a los derechos humanos que atraviesan estas personas quienes fueron obligados a abandonar sus casas por lo que ellos llaman “una guerra”.

El primer lugar que fue visitado fue Parral, ahí hombres, mujeres, niñas, niños y adolescentes, narraron lo difícil que ha sido todo este proceso el cual les afecta en todos los sentidos.

Posteriormente, acudieron a Delicias en donde las y los defensores de derechos humanos, dialogaron con alrededor de 70 personas que, tuvieron que dejar “La Sierrita” lugar en el que vivían.

“Como lamentablemente hemos observado en los últimos años, el desplazamiento forzado interno se ha ido extendiendo y ha afectado a más familias en todo el territorio estatal”, dijeron integrantes de los organismos.

Además señalaron que desde el “combate al narcotráfico” decretado por el ex presidente Calderón, la violencia no ha cesado, por el contrario ha ido en aumento en la Sierra Tarahumara, afectando directa e indirectamente a miles de chihuahuenses, poniendo en riesgo a las y los habitantes de la región, no solo por ataques directos y amenazas, sino también por el control que los grupos criminales ostentan en los territorios, impidiendo que las comunidades puedan desarrollar sus vidas con normalidad y con acceso a derechos básicos como la educación, la salud y la alimentación.

“La violencia que afecta a estas poblaciones no es solo criminal, sino también estructural. El abandono de las instituciones públicas en todos los niveles de gobierno es alarmante: las y los gobernantes no solo ignoran las necesidades de la población en esa región, sino que niegan abiertamente la gravedad de la problemática y, en cambio, criminalizan a las víctimas y desestiman las violencias que sufren día con día”.

Así mismo, refirieron que las y los gobernantes de los tres niveles han hecho caso omiso de las solicitudes.

“El desplazamiento forzado se ha generalizado en la Sierra Tarahumara, aunque algunos de los casos más preocupantes los hemos visto en Guadalupe y Calvo, que sufre una situación particular de disputa territorial protagonizada por grupos criminales. A esto se suma la ausencia de estrategias claras y coordinadas de seguridad entre las instituciones públicas, lo que ha dejado a la población desprotegida y abandonada”.

De igual forma refirieron que los casos de desplazamiento en masa que documentan los medios de comunicación no son los únicos que existen ya que hay un desplazamiento silencioso que, día a día, arrebata a familias su patrimonio, su seguridad y, en muchos casos, la vida misma.

“La gente sale de las comunidades en donde la violencia continúa, cargando a veces solo con el miedo, pero también con la fortaleza de sobrevivir y proteger a sus seres amados. Esto es una violación grave a los derechos humanos, por lo que es obligación del Estado mexicano actuar con todos los medios a su alcance para garantizar la protección de las personas, familias y comunidades que sufren esta violación a sus derechos o que están en riesgo de sufrirla”.

Durante la visita a Parral, se contó con la presencia del presidente municipal de allá quien dijo que el día de hoy sostendrá una reunión con la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván a fin de abordar este tema.