Chihuahua, Chih.- María Eugenia Becerra Barraza, síndica municipal de Camargo, acudió el viernes ante el Ministerio Público para presentar una denuncia por presuntos hechos de acoso y persecución por parte de un elemento de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, ante lo cual, el Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), encabezado por Alejandro Domínguez Domínguez, hizo un llamado a las autoridades competentes para que realicen las investigaciones necesarias y deslinden.

El viernes por la noche, Becerra Barraza manifestó haber sido seguida por un vehículo mientras transitaba por la ciudad, por lo que decidió denunciar formalmente el hecho ante las autoridades competentes para que investiguen y determinen si existió alguna conducta constitutiva de delito.

Narró que ese mismo viernes, cerca del mediodía recibió una llamada de su yerno, quien le avisó que un vehículo Malibú color negro, sin placas, estaba afuera de su casa tomando fotos.

En ese momento, dijo, no le dio importancia al hecho y entró a la sesión de Cabildo donde comentó lo ocurrido a algunas compañeras. Tras concluir la sesión, ella y otras compañeras fueron juntas a comer, en su vehículo, pero se percataron de que justamente un Malibú negro las seguía.

Tras varios minutos, la síndica decidió detenerse en un Oxxo, mientras que el Malibú pasó de largo; no obstante, en el lapso en que estuvo estacionado vio pasar al mismo automóvil unas ocho veces.

Preocupada, llamó a un compañero para que fuera al lugar; luego, al ver a una unidad de la Fiscalía General del Estado (FGE), les mostró a los agentes una fotografía que lograron tomar del vehículo y anunciarles que estaba siendo acosada.

En ese momento, justo mientras hablaba con los agentes, la unidad volvió a pasar pero rápido desvió su trayecto para escapar. Los elementos lo siguieron hasta detenerlo y, en ese momento, el conductor fue identificado con un nombre que ella reconoció como policía municipal.

El PRI Chihuahua expresó su preocupación ante esta situación y destacó que ningún servidor público debe enfrentar amenazas, intimidaciones o situaciones que pongan en riesgo su integridad física, su tranquilidad personal o la de su familia por el ejercicio de sus responsabilidades institucionales.

Asimismo, el Revolucionario Institucional subrayó que resulta indispensable que las autoridades actúen con prontitud, profesionalismo y estricto apego a derecho, a fin de esclarecer lo sucedido, identificar posibles responsabilidades y, en su caso, aplicar las sanciones correspondientes.

“No podemos permitir que quienes desempeñan una responsabilidad pública estén expuestos a situaciones de riesgo o posibles actos de intimidación. La seguridad y la integridad de los funcionarios públicos deben estar plenamente garantizadas, independientemente de su filiación política”, señaló el posicionamiento del partido.