Ciudad Juárez.-En medio de la controversia provocada por las indagatorias sobre la presencia no autorizada de agentes estadounidenses en operativos locales, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua precisó el estatus legal del expediente relacionado con los hechos registrados en abril de 2026 en el municipio de Morelos.
La autoridad ministerial sostuvo que dentro de la carpeta de investigación no existe prueba alguna que sugiera que la titular del Poder Ejecutivo estatal, María Eugenia Campos Galván, haya conocido o autorizado la intervención de personas extranjeras en labores operativas. La controversia surgió a raíz de investigaciones federales y publicaciones periodísticas internacionales (como un reportaje de The New York Times) sobre la presencia no autorizada de presuntos agentes de la CIA en un operativo antidrogas realizado en abril de 2026 en El Pinal, municipio de Morelos, donde fallecieron dos policías estatales y dos ciudadanos estadounidenses en un accidente vial. Frente a esto, la FGE emitió el comunicado oficial aclarando que los señalamientos en contra de Campos Galván provienen del exfiscal de operaciones estratégicas, Arturo Zuany Portillo, hoy prófugo, y que el expediente judicial acredita que la presencia de los extranjeros le fue ocultada a la mandataria. La representación social detalló que los elementos integrados a la indagatoria acreditan que dicha información le fue expresamente ocultada a la gobernadora, un hecho que un juez de Control tuvo por probable al dictar el auto de vinculación a proceso. A la fecha, la investigación acumula 150 declaraciones procesales rendidas por 86 personas, además de peritajes técnicos y evidencia documental.
Carecen versiones de sustento y validez
Ante la difusión mediática de versiones que relacionan los hechos en la sierra chihuahuense con presuntos elementos de la inteligencia estadounidense (CIA), la institución matizó que en las actuaciones judiciales los involucrados figuran registrados únicamente como ciudadanos estadounidenses. Asimismo, la FGE desacreditó los señalamientos formulados fuera del proceso legal por personas que enfrentan órdenes de aprehensión vigentes, subrayando que dichas versiones carecen de sustento y validez probatoria. Finalmente, la representación judicial confirmó que las diligencias continúan en su etapa complementaria bajo los plazos establecidos por el juez de la causa, y destacó que el contenido de la investigación ha sido compartido formalmente con la Fiscalía General de la República (FGR) dentro de los esquemas de colaboración institucional.