Estado
19 Nov, 2026
Procesan por trata a directora de albergue
Obligaba a tres hermanitas a fabricar piñatas para su venta, además de someterlas a castigos físicos y negarles alimentos
Jonathan Álvarez | El Diario de Juárez

Bajo acusaciones de obligar a tres hermanas menores de edad a fabricar piñatas para su venta, además de someterlas a castigos físicos y negarles comida, Maricruz R. R., responsable del albergue Casa de Refugio para Jovencitas, A.C., enfrenta un proceso penal por el delito de trata de personas. La mujer fue vinculada a proceso durante la continuación de la audiencia inicial de la causa penal 3751/2026, después de que el Ministerio Público expuso las condiciones de abuso que presuntamente padecieron las niñas entre los meses de mayo y noviembre de 2024, cuando las tres hermanas permanecieron en el centro ubicado en la calle Mezquite Azul 3635, de la colonia El Mezquital.
Las tres menores se encontraban bajo tutela institucional del Estado y habían sido canalizadas por el DIF estatal a ese centro de asistencia social. Durante la audiencia, la Fiscalía sostuvo que, en lugar de recibir la protección que necesitaban, fueron obligadas a elaborar piñatas destinadas a la venta, en una actividad que, de acuerdo con la acusación, no era un taller recreativo, sino trabajo forzado del que obtenía un beneficio económico la presunta responsable.
Según la representación social, las niñas debían elaborar alrededor de 10 piñatas diarias en equipo. La producción se realizaba todos los días y no solamente durante los fines de semana. Un hombre identificado como Alfredo C. B. les proporcionaba los materiales y solicitaba aproximadamente 300 piezas por semana. La Fiscalía expuso que Maricruz les decía que necesitaba las piñatas para venderlas y que, cuando no querían trabajar o no terminaban las piezas, eran castigadas.
Los castigos descritos por el Ministerio Público incluyeron golpes en la cabeza, humillaciones y presuntos actos en los que las menores eran desnudadas. También señaló que las niñas eran privadas de alimentos y de sueño, que no se les permitía ir al baño y que debían permanecer hincadas durante horas.
Como parte de los castigos, tenían que memorizar entre 50 y 100 salmos al día. La Fiscalía describió que las menores permanecían de rodillas mientras aprendían los textos religiosos, incluso cuando les dolían las rodillas, como consecuencia de las sanciones por no elaborar las piñatas o hacerlo de manera incorrecta.
La representación social sostuvo que estas prácticas reflejaban un entorno de violencia física y psicológica, con imposición de actividades productivas bajo amenazas y castigos. Los dictámenes psicológicos practicados a las víctimas, expuso, identificaron afectaciones emocionales graves.
Para tratar de evitar la vinculación a proceso, la defensa presentó entrevistas, el reglamento interno del albergue y actas de inspección del DIF estatal correspondientes a 2022 y 2024. Argumentó que las piñatas eran parte de actividades ocupacionales y que el organismo estatal conocía las condiciones del lugar porque revisaba las instalaciones, entrevistaba a las residentes y verificaba las bitácoras de Psicología.
Una extrabajadora, identificada como E.C.S., declaró que las hermanas recibían clases, participaban en zumba y talleres, y que la elaboración de piñatas era una actividad ocupacional. Negó haber presenciado golpes y dijo que los castigos consistían en memorizar salmos y restringir visitas.
Las inspecciones presentadas por la defensa reportaron que las entrevistadas no señalaron maltrato ni abuso laboral y describieron condiciones adecuadas de alimentación, higiene e instalaciones. La defensa sostuvo que el DIF no podía desconocer lo que ocurría en el refugio debido a sus revisiones periódicas.
La Fiscalía respondió que, según las víctimas, durante las visitas de supervisión se les ponía a realizar actividades que no formaban parte de su rutina, como utilizar computadoras o acudir a una estética.
El DIF estatal informó a este medio que desde noviembre de 2025 determinó no renovar el convenio con Casa de Refugio para Jovencitas. Explicó que la decisión se tomó después de que unas adolescentes realizaron una salida no autorizada y, al ser localizadas, manifestaron que eran sometidas a trabajos forzados.
El organismo agregó que, desde meses antes, el centro devolvía a las menores bajo tutela del DIF durante los períodos vacacionales, con el argumento de que cerraba temporalmente. Tras conocer las declaraciones, realizó una inspección extraordinaria, presentó una denuncia ante la Fiscalía y retiró tanto a las víctimas como a las demás adolescentes bajo su tutela que permanecían en el lugar. Estas fueron trasladadas a otro centro de asistencia social en Juárez.
El juez resolvió vincular a proceso a Maricruz R. R. por la acusación de trata de personas en la modalidad de trabajo forzado y dio un plazo de investigación complementaria de dos meses.
Durante la audiencia, se dio a conocer que Maricruz enfrenta otra causa penal por una víctima distinta pero con un modus operandi similar. Por estos hechos fue vinculada a proceso hace dos meses.