Chihuahua, Chih.- Tras la detención de cuatro elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) adscritos a la Policía Procesal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) por el presunto homicidio de una Persona Privada de la Libertad (PPL), dentro del Centro de Reinserción Social (Cereso) número 1, de Aquiles Serdán en julio pasado, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua (CEDH) inició de oficio la queja 319/26.
Así lo informó el secretario técnico del organismo, Ernesto Garnica Jiménez, quien añadió que los presuntos actos violatorios señalados en el expediente en curso son “omisión, negativa o inadecuada custodia de personas internas: muerte en custodia” y “omisión de garantizar una estancia digna y segura”.
La queja, dijo, está en etapa de investigación, por lo que actualmente están aún analizando evidencias e integrando información complementaria solicitada a las autoridades correspondientes, para posteriormente emitir la resolución jurídica que consideren pertinente.
De acuerdo con la información oficial presentada por la SSPE, el reo de nombre Edwin C. C., murió el 8 de julio mientras estaba baja la custodia de oficiales procesales identificados como Ramón Alejandro O. O., de 24 años, Carlos Gerardo O. A. de 36 años, Silvino P. M. de 59 años, y Luis Carlos G. C. de 24 años, quienes fueron detenidos mediante orden de aprehensión dentro de la causa penal 2603/2026 a cargo de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida, en la ciudad de Chihuahua, como presuntos responsables de los delitos de homicidio agravado y tortura.
Adicionalmente, durante la audiencia inicial realizada ayer, el Ministerio Público indicó que Edwin murió a las 18:08 horas por hemorragia cerebral tras haber sido agredido por los elementos; huellas de lesiones en la cabeza, cuello, espalda, tórax y brazos.
Además, las agresiones contra la víctima fueron captadas en un video que fue difundido desde ayer, en el que además de los cuatro detenidos es posible apreciar a por lo menos dos personas participando en los hechos.
La Comisión había calificado al Cereso 1 con 6.8 en su diagnóstico penitenciario más reciente, el cual fue elaborado con datos de 2024 y presentado en diciembre de 2025 y evaluó derechos o aspectos como las condiciones de gobernabilidad, integridad personal, estancia digna, atención a grupos vulnerables y reinserción social.
Entre sus observaciones, la CEDH estableció que el personal de seguridad y custodia, así como el equipamiento resultaban insuficientes para atender a la población privada de la libertad que presentaba además condiciones de hacinamiento.
El diagnóstico también señaló que en 2024 registraron casos de riñas, suicidios y homicidios dentro de la cárcel.
