Chihuahua, Chih.- En un hecho histórico, las comunidades rarámuri de Bacajipare, Huitosachi y Mogótavo acudieron ayer a la audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Panamá para denunciar que las sentencias ganadas contra el proyecto turístico Barrancas del Cobre siguen sin cumplirse, incluso la emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

"Hace más de 20 años llegó el megaproyecto turístico Barrancas del Cobre. Fue impulsado por el gobierno de México y por inversionistas privados sin consultarnos y sin tomar en cuenta nuestro derecho a la libre autonomía", así inició el testimonio de integrantes de las comunidades que hoy exigen justicia a nivel internacional.

En el mensaje, denuncian que desde entonces construyeron carreteras, hoteles, parques de aventura con teleféricos, tirolesas y puentes colgantes, mientras las decisiones las siguen tomando en un Consejo Consultivo donde el gobierno y los empresarios tienen la última palabra.

"Este proyecto ha afectado nuestro territorio, nuestros bienes naturales. Las aguas negras de hoteles y cabañas se vierten en ríos y arroyos", expusieron ante comisionados y comisionadas.

Detallaron que los tubos no están conectados y todas las descargas de baños y hoteles van directo a los cauces. "Lo que está pasando es que están contaminando el agua, es lo que está corriendo aquí".

A la contaminación del agua se suma la de la tierra: "la basura está acumulada en el bosque y el vertedero clandestino sigue creciendo".

Aunque una sentencia ordena construir una planta tratadora, denunciaron que pretenden instalarla dentro de su territorio, lo que seguirá contaminando arroyos cercanos.

"También ha habido amenazas para que dejemos la tierra donde nacimos. Esto no es solo un daño ambiental, es una violación a nuestra libre determinación sobre el territorio", advirtieron.

A través de un video proyectado ante las autoridades, una mujer rarámuri describió la afectación cotidiana: "viene agua, ya está pasando todo el arroyo y a veces viene mucha agua que todos los ‘basuros’ llevan. Nosotros tomamos bien limpiado de allá, porque no hay aguajes, todo lo que está en el arroyo es sucio".

Otra de las afectaciones señaladas es el acceso al agua: las familias no tienen agua potable y deben comprar agua en cisternas a costos muy altos, mientras las casas de salud han sido construidas con recursos propios.

"El empleo que genera el turismo no es digno ni adecuado a nuestra cultura. Falta educación y transporte. Y cuando defendemos nuestros derechos, enfrentamos represalias y discriminación".

El megaproyecto también ha modificado prácticas culturales: cambios en fechas ceremoniales, aumento del consumo de alcohol, violencia familiar y muertes prematuras. "Se afecta a nuestro proyecto de vida como pueblo".

Frente a esto, aseguraron que han acudido a instancias legales y han obtenido sentencias a su favor, incluso en la Suprema Corte, pero no se cumplen.

"Nuestro plan de desarrollo comunitario, elaborado desde nuestra cultura, no ha sido tomado en cuenta. Las denuncias nos han costado tiempo, desgaste y agresión".

Por ello, solicitaron a la CIDH que exija al Estado mexicano cumplir su obligación de respetar, garantizar y proteger la libre determinación, el territorio y la vida digna.

Poner alto a la contaminación y al despojo, garantizar el consentimiento libre, previo e informado, o en su caso el disentimiento, así como respetar sus derechos comunitarios y territoriales.

Finalmente cerraron con una frase que define su resistencia: "somos rarámuri, somos de aquí, aquí nos quedamos donde la tierra nos ha visto nacer y crecer de generación en generación como pueblo", señalaron.