Ciudad Juárez.- Al menos dos empresas señaladas por presuntas irregularidades por el Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE) consiguieron contratos con el Instituto Estatal Electoral (IEE) en Chihuahua por más de 38 millones de pesos.

Se trata de las empresas Cajas Graf S.A. de C.V., con contratos por un valor de 33 millones 881 mil 653 pesos y Formas Finas y Materiales S.A. de C.V., con contratos por cuatro millones 279 mil 313 pesos ambas propiedad de José Alfredo Hernández Casillas, empresario ligado a Guadalupe Taddei, dio a conocer Víctor Hugo Cervante Contreras, titular del OIC.

“Esto es derivado de nuestro estudio que aún necesita ampliarse para identificar cómo se ha concentrado este mercado. No es un asunto del INE, es un asunto de todos los organismos electorales locales”, apuntó el funcionario ayer en reunión de Comisiones Unidas con el titular del Órgano interno de control del INE.

Informó que el organismo inició 16 expedientes de investigación durante 2025 y 2026 relacionados con presuntas irregularidades en la institución, de los cuales 11 corresponden a contrataciones públicas, en las que se investiga a por lo menos 15 personas servidoras y exservidoras públicas, ocho personas físicas y 18 personas morales.

Durante su reunión de trabajo con diputados federales explicó que la legislación establece que el programa anual de trabajo del OIC debe ser aprobado por el Consejo General del INE, situación que consideró contradictoria porque coloca al órgano fiscalizador en una posición de dependencia respecto de la instancia que debe vigilar.

Cervantes Contreras precisó que los casos expuestos ante los legisladores corresponden solamente a tres observaciones, mientras que en su última auditoría notificaron 45 observaciones.

Explicó que las contrataciones de materia electoral representan apenas cuatro por ciento del universo que debe revisar el órgano, mientras que el 96 por ciento restante corresponde a otras actividades y áreas del instituto.

Detalló que cuando detectan riesgos o posibles anomalías en los procedimientos de contratación programan auditorías para realizar investigaciones metodológicas y determinar si existen responsabilidades administrativas.

El funcionario también planteó la necesidad de contar con herramientas tecnológicas para fiscalizar a distancia las juntas distritales y locales, mediante mecanismos como buzones electrónicos y revisiones remotas, con el propósito de reducir gastos de traslado y viáticos.

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