Ciudad Juárez.- Ciudad Juárez concentró casi la mitad de las medidas cautelares de prisión preventiva contabilizadas en el estado de Chihuahua durante los primeros siete meses de 2026.
De acuerdo con el concentrado estadístico del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJ), entre enero y julio de 2026 los juzgados del Sistema Penal Acusatorio contabilizaron 2 mil 159 prisiones preventivas en los distintos distritos judiciales de la entidad.
De ese total, mil 20 correspondieron al Distrito Judicial Bravos, que comprende Ciudad Juárez, equivalentes al 47.2 por ciento.
En Bravos fueron contabilizadas 925 prisiones preventivas para hombres y 95 para mujeres.
La prisión preventiva representó además 29.5 por ciento de las 7 mil 317 medidas cautelares contabilizadas en Chihuahua durante ese período.
En Ciudad Juárez se registraron 3 mil 653 medidas cautelares, de las cuales mil 20 fueron prisiones preventivas, equivalente al 27.9 por ciento.
Después de la prisión preventiva, las medidas cautelares más frecuentes en Bravos fueron la presentación periódica ante el juez o la autoridad designada, con 892 casos; la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse a ciertos lugares, con 732, y la prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, con 724.
Para el abogado penalista Alejandro Villalobos, uno de los principales problemas está en la prisión preventiva oficiosa, que distingue de la prisión preventiva justificada.
Villalobos sostuvo que la prisión preventiva oficiosa es una medida que, desde su perspectiva y la de otros litigantes, debería desaparecer porque considera que resulta incompatible con obligaciones internacionales asumidas por México.
“Es inconvencional, está mal y se debe dejar de aplicar”, señaló.
El abogado cuestionó que en la prisión preventiva oficiosa las condiciones particulares de la persona no sean el elemento determinante para ordenar su encarcelamiento, pues, según explicó, basta con que se le atribuya una probable participación en alguno de los delitos contemplados en el catálogo correspondiente.
“Con la pura imputación es suficiente para la prisión preventiva oficiosa”, afirmó.
A juicio del litigante, esto limita el ejercicio del derecho de defensa al tratarse de una decisión que calificó como “demasiado autoritaria” e invasiva para quien enfrenta un proceso penal.
Villalobos también señaló como problema los casos en los que la prisión preventiva se prolonga más allá de los plazos establecidos sin que exista una sentencia.
La legislación establece un plazo máximo de 24 meses, explicó, pero sostuvo que en la práctica existen procesos que superan ese lapso y mantienen a personas privadas de la libertad sin sentencia.
Como ejemplo mencionó el proceso derivado del incendio ocurrido en la estación migratoria de Ciudad Juárez, donde, dijo, algunas de las personas acusadas continúan detenidas después de haber superado los dos años de prisión preventiva.
El abogado también cuestionó qué ocurre con una persona que permanece privada de la libertad durante el proceso y posteriormente resulta absuelta.
Aunque existe la posibilidad de reclamar al Estado por los daños ocasionados, Villalobos señaló que, en la práctica, muchas personas que recuperan su libertad buscan alejarse del sistema de justicia y regresar a sus hogares, por lo que no necesariamente emprenden una reclamación.
Villalobos agregó que existen diferencias en la aplicación de la prisión preventiva entre los ámbitos estatal y federal. Según indicó, en el fuero estatal existen jueces que revisan la justificación de la medida, mientras que consideró que en el ámbito federal la aplicación es más estricta.
El abogado planteó finalmente que la prisión preventiva oficiosa debe ser objeto de una nueva discusión legislativa y que tanto la Constitución como el Código Nacional de Procedimientos Penales deberían modificarse para eliminarla.
El concentrado estadístico del TSJ no desglosa las mil 20 prisiones preventivas registradas en Ciudad Juárez entre oficiosas y justificadas, ni identifica el delito por el que fueron impuestas.
La información tiene como fuente la Unidad Operativa del Sistema Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado.