“Pensé que era un ciclo que ya teníamos como quien dice cerrado”, dijo Elvira Archuleta al enterarse de que, más de 11 años después de los hechos, la defensa de Mauricio Luna Aguilar, alias “El Papacho”, busca anular la sentencia que le fue impuesta en 2015 por los homicidios de los hermanos Elmer y Édgar Iván García Archuleta.

Elvira, hermana de Elmer y Édgar y prima de Gabriel Archuleta, se enteró del nuevo procedimiento después de que un notificador judicial buscara a sus familiares para entregarles documentos. El problema fue que las notificaciones estaban dirigidas a Elmer, Édgar y Gabriel, quienes fueron asesinados en diciembre de 2014.

Los documentos del Tribunal de Ejecución de Penas señalan que la defensa pública de Luna Aguilar, a cargo de la abogada Marcela Aguilar Cano, presentó el 7 de septiembre una acción de anulación de sentencia contra la resolución dictada el 4 de marzo de 2015 dentro de la causa penal 3115/2014. El escrito fue recibido por el tribunal el 8 de septiembre y se ordenó notificar a las partes para que manifestaran lo que consideraran pertinente y, en su caso, ejercieran su derecho de adhesión.

El recurso identifica los delitos por los que fue sentenciado Luna Aguilar como secuestro agravado, homicidio calificado y robo calificado. En la descripción de las víctimas, el documento señala a Elmer García Archuleta y Édgar Iván García Archuleta como víctimas del homicidio calificado, mientras que Gabriel aparece como víctima del secuestro agravado y del robo calificado.

Esto no significa que Gabriel haya sobrevivido. Los antecedentes del caso establecen que los tres fueron asesinados. Elmer, Édgar y Gabriel fueron privados de la libertad el 6 de diciembre de 2014 y sus cuerpos fueron localizados cinco días después, el 11 de diciembre, en el Valle de Juárez.

De hecho, la sentencia de 2015 que dio a Luna Aguilar una pena vitalicia fue reportada por El Diario como una condena por los homicidios de Elmer y Édgar. La misma información describió que el entonces acusado había participado en el secuestro de los tres y que, en el caso de Gabriel, también había robado un automóvil de su propiedad.

La nueva actuación judicial ocurre más de una década después de aquella sentencia. El expediente señala que Luna Aguilar se encuentra actualmente internado en el Centro Federal de Readaptación Social número 14, en Durango. Elvira dijo que la familia no tenía conocimiento de ese traslado y que la noticia de la impugnación volvió a poner el caso frente a ellos.

“Es abrir las heridas, es volver a recordar todo el proceso que pasamos, lo difícil que vivimos, nos quedamos sin nada. Mi casa fue la primera que saquearon”, relató.

Después de los asesinatos, Elvira y otros integrantes de su familia abandonaron la zona y actualmente viven en el exilio en Estados Unidos. Dijo que durante estos años habían intentado continuar con sus vidas, por lo que recibir nuevamente documentos relacionados con el caso provocó preocupación entre los familiares.

La entrevistada señaló que, de acuerdo con lo que ha podido entender de los documentos, la defensa pretende cuestionar la sentencia vitalicia dictada en 2015. Sin embargo, dijo desconocer todavía cuál sería la pena que se buscaría establecer en caso de que prosperara la acción. El documento judicial recibido por la familia establece la existencia de la acción de anulación, pero no determina que la sentencia ya haya sido modificada ni que Luna Aguilar hubiera obtenido algún beneficio de libertad.

La resolución del Tribunal de Ejecución de Penas establece un plazo de tres días para que las partes manifiesten lo que consideren pertinente o ejerzan su derecho de adhesión, además de la posibilidad de solicitar alegatos aclaratorios ante el Tribunal de Alzada.

Para Elvira, la prioridad ahora es entender por qué, después de tantos años, la defensa pretende modificar una sentencia que la familia consideraba definitiva. La mujer lanzó un mensaje de auxilio para asesoramiento jurídico, pues comentó que hasta el momento nadie ha orientado a la familia sobre este nuevo proceso.

“No sabemos a dónde acudir para que nos ayuden y nos orienten a ver por qué razones están tratando de hacer esto”, expresó.

Mientras el recurso sigue su trámite, la sentencia de 2015 permanece como antecedente vigente. Será el tribunal competente el que determine si la acción promovida por la defensa procede y qué efectos jurídicos tendría.