La cifra de personas desplazadas por violencia en Chihuahua podría ser mayor a los 58 mil casos registrados por el Inegi entre 2020 y 2025, debido a que miles de víctimas permanecen fuera de los registros oficiales y organizaciones civiles apenas tienen identificadas a unas ocho mil, mientras algunas continúan bajo amenazas de grupos criminales aun después de abandonar sus comunidades, advirtió Víctor Quintana Silveyra, director de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (Cosyddhac).

Quintana Silveyra explicó que los datos de la Encuesta Intercensal 2025 del Inegi permiten conocer una dimensión más amplia del desplazamiento interno, pero también evidencian una cifra negra, debido a que muchas personas no buscan apoyo institucional ni forman parte de organizaciones que atienden a víctimas. En Chihuahua, las organizaciones civiles tienen ubicadas alrededor de ocho mil personas desplazadas en municipios como Juárez, Chihuahua, Delicias, Parral, Cuauhtémoc y Aldama.

El activista señaló que una parte de las familias afronta el desplazamiento como un problema familiar y permanece fuera de los registros por temor. Las amenazas de grupos criminales, dijo, pueden continuar después de que las víctimas abandonan sus comunidades de origen. Cuando hacen pública su situación mediante organizaciones, medios de comunicación o redes sociales, pueden recibir nuevas amenazas desde los lugares de donde huyeron.

Los datos del Inegi muestran que Juárez concentra la mayor cantidad de hogares con integrantes desplazados, mientras Guadalupe y Calvo ocupa uno de los primeros lugares. Quintana Silveyra indicó que en este último municipio hay personas provenientes del propio territorio, pero también de Sinaloa, Durango y Tamaulipas.

En Guachochi, agregó, buena parte de los desplazados corresponde a comunidades del propio municipio, mientras que Madera recibe familias de la zona serrana y de comunidades cercanas a los límites con Sonora. Morelos también destaca pese a contar con una población menor, al recibir personas tanto de comunidades locales como de Sinaloa por su ubicación en la región del Triángulo Dorado.

Ante este panorama, Quintana Silveyra consideró necesaria una estrategia conjunta entre los gobiernos federal, estatal y municipales para atender a las personas desplazadas y las causas que originan el fenómeno.

El director de Cosyddhac participó recientemente en un taller con organizaciones y autoridades, donde, afirmó, quedó de manifiesto la falta de coordinación entre los distintos órdenes de Gobierno. Añadió que tampoco existe una ley general o federal sobre desplazamiento interno que establezca procedimientos claros para atender a las víctimas y canalizar recursos.

Explicó que esta ausencia de un marco común genera obstáculos cuando una familia abandona una entidad y busca refugio en otra, pues las autoridades pueden argumentar que la persona no pertenece al municipio o estado donde solicita apoyo. También dificulta justificar ante órganos fiscalizadores los recursos destinados a desplazados provenientes de otras entidades.

Quintana Silveyra planteó que la atención no debe limitarse a las consecuencias del desplazamiento, sino también atender sus causas, entre ellas la presencia de grupos armados en distintas regiones de Chihuahua. Consideró que la prioridad debe ser garantizar que las comunidades puedan permanecer en sus lugares de origen con condiciones de seguridad y paz.

Señaló además que la pobreza no constituye por sí misma la principal causa del desplazamiento, pues varias familias han referido a las organizaciones que tenían mejores condiciones económicas antes de abandonar sus comunidades.

Por ello, propuso un marco jurídico que permita una atención coordinada e integral para los desplazados, sin importar de qué entidad provengan o en qué municipio busquen refugio.