Luisiana.- El gobernador Jeff Landry firmó este miércoles una ley que exige la exhibición de los Diez Mandamientos en todas las aulas públicas de Luisiana, convirtiendo al estado en el único con un mandato de este tipo y reavivando el debate sobre lo porosa que debe ser la frontera entre Iglesia y Estado.

Los críticos, entre ellos la Unión Americana de Libertades Civiles y la Fundación para la Libertad de Religión, prometieron una lucha legal contra la ley que consideraron "descaradamente inconstitucional". Pero es una batalla que los defensores están preparados, y en muchos sentidos, deseosos, de emprender.

"No puedo esperar a que me demanden", dijo Landry el sábado en un acto republicano de recaudación de fondos en Nashville, según The Tennessean. Y este miércoles, mientras firmaba la medida, argumentó que los Diez Mandamientos contenían valiosas lecciones para los estudiantes.

"Si quieres respetar el estado de derecho", dijo, "tienes que empezar por el dador original de la ley, que fue Moisés".

La legislación forma parte de una campaña más amplia de grupos cristianos conservadores para amplificar las expresiones públicas de fe y provocar demandas que podrían llegar al Tribunal Supremo, donde esperan una acogida más favorable que en años anteriores. Esa presunción se basa en sentencias recientes, en particular una de 2022 en la que el tribunal se puso de parte de un entrenador de fútbol americano de un instituto que argumentaba que tenía derecho constitucional a rezar en la línea de 50 yardas después de los partidos de su equipo.

"El clima es ciertamente mejor", dijo Charles C. Haynes, investigador principal del Freedom Forum y experto en libertad religiosa y discurso civil, refiriéndose al punto de vista de quienes apoyan la legislación.

Sin embargo, Haynes considera injustificado el entusiasmo que suscitan la ley de Luisiana y otras iniciativas. "Creo que se están extralimitando", dijo, y añadió que "incluso a este tribunal le costará justificar" lo que han concebido los legisladores.

La medida en Luisiana exige que los mandamientos se expongan en cada aula de todas las escuelas públicas de primaria, secundaria y bachillerato, así como en las aulas de las universidades públicas. Los carteles no deben ser menores de 11 por 14 pulgadas y los mandamientos deben ser "el foco central del cartel" y "en un tipo de letra grande y fácilmente legible".

También incluirá una declaración de tres párrafos en la que se afirme que los Diez Mandamientos fueron una "parte destacada de la educación pública estadounidense durante casi tres siglos".

Esto refleja el argumento de los partidarios de que los Diez Mandamientos no son un texto puramente religioso, sino también un documento histórico, alegando que las instrucciones transmitidas por Dios a Moisés en el Libro del Éxodo son una influencia fundamental en la legislación de Estados Unidos.

"Los Diez Mandamientos están ahí, una y otra vez, como base y fundamento del sistema sobre el que se construyó Estados Unidos", afirmó Matt Krause, abogado del First Liberty Institute, una organización jurídica sin ánimo de lucro que defiende la expresión religiosa.

Sin embargo, mientras los legisladores debatían la medida, sus partidarios argumentaron que una exhibición tan visible era algo más que compartir la historia legal.

"Dada toda la basura a la que nuestros hijos están expuestos en las aulas hoy en día, es imperativo que volvamos a poner los Diez Mandamientos en un lugar destacado", dijo la representante estatal Dodie Horton, patrocinadora republicana de la legislación.

La medida permite que "nuestros hijos miren hacia arriba y vean lo que Dios dice que está bien y lo que dice que está mal", dijo la Sra. Horton a sus colegas. "No predica una religión determinada, pero sin duda muestra cuál es el código moral por el que todos debemos regirnos".

Los críticos dijeron que la legislación era una clara violación constitucional. En una declaración conjunta, grupos como la Unión Americana de Libertades Civiles de Luisiana, Estadounidenses Unidos por la Separación de Iglesia y Estado y el Southern Poverty Law Center argumentaron que la ley "viola el derecho fundamental de los estudiantes y las familias a la libertad religiosa."

"Nuestras escuelas públicas no son escuelas dominicales", decía el comunicado, "y los estudiantes de todas las creencias, o sin fe, deben sentirse bienvenidos en ellas".

La ley es producto de una temporada legislativa en la que los legisladores republicanos que se habían sentido asfixiados durante ocho años bajo un gobernador demócrata, John Bel Edwards, trataron de avanzar una ráfaga de legislación conservadora al Sr. Landry, su sucesor republicano.

En una sesión especial celebrada este año, los legisladores dieron marcha atrás en una revisión anterior del sistema de justicia penal y aprobaron proyectos de ley para alargar las penas por algunos delitos, limitar estrictamente el acceso a la libertad condicional, procesar como adultos a los jóvenes de 17 años acusados de cualquier delito y permitir métodos de ejecución distintos de la inyección letal.

Los legisladores también avanzaron medidas pioneras en el país, como la designación de las píldoras abortivas como sustancias controladas peligrosas y la autorización a los jueces para ordenar la castración quirúrgica de los agresores sexuales de menores.

Luisiana es el primer estado que promulga la obligación de exhibir los Diez Mandamientos en las escuelas desde que el Tribunal Supremo anuló en 1980 una ley de Kentucky que contenía una directiva similar. En ese caso, Stone contra Graham, el tribunal consideró que la ley violaba la cláusula de establecimiento de la Primera Enmienda.

Pero el Tribunal Supremo se ha vuelto más proclive a fallar a favor de los derechos religiosos bajo la presidencia del juez John G. Roberts Jr.

Tal vez la señal más clara, según abogados y activistas conservadores, fue la sentencia de 2022 que declaró que Joseph Kennedy, entrenador asistente de fútbol americano en un instituto público cerca de Seattle, estaba protegido por la Primera Enmienda cuando rezaba después de los partidos, a menudo acompañado por estudiantes.

Con ese fallo, la mayoría descartó un precedente de larga data conocido como la prueba Lemon, que se aplicaba a casos relacionados con la cláusula de establecimiento de la Primera Enmienda. La cláusula tiene por objeto "impedir que el gobierno promueva (es decir, establezca) u obstaculice la religión, prefiriendo una religión sobre otras o favoreciendo la religión sobre la no religión", escribió el Sr. Haynes.

La prueba exigía a los tribunales que consideraran si la práctica gubernamental impugnada tenía una finalidad laica, si su principal efecto era promover o inhibir la religión y si fomentaba una excesiva implicación del gobierno en la religión.

La sentencia fue "una especie de punto de inflexión", dijo el Sr. Krause, y añadió: "Creo que cualquier decisión basada únicamente en la prueba Lemon está abierta a un nuevo escrutinio, ya se trate de oraciones de graduación o belenes en terrenos públicos o los Diez Mandamientos".

La legislación de Luisiana -y el litigio que esencialmente garantiza- brinda la oportunidad de aplicar ese escrutinio a las exhibiciones públicas de los Diez Mandamientos.

Los esfuerzos legislativos en otros estados han tenido un camino lleno de baches. Propuestas similares fracasaron recientemente en Mississippi, Oklahoma, Carolina del Sur y Texas. Una propuesta presentada este año en Utah quedó reducida a una medida que añadiría los Diez Mandamientos a una lista de documentos y principios que podrían incluirse en los programas escolares.

Haynes, del Freedom Forum, cree que los tribunales -incluido el Tribunal Supremo, si el caso llega tan alto- verán más allá de las declaraciones sobre el contexto histórico y reconocerán que la motivación es inyectar enseñanza religiosa en las aulas públicas.

Si los tribunales no estuvieran de acuerdo, dijo, el resultado sería una erosión catastrófica de las divisiones entre el gobierno y la religión.

"Eso cambiaría lo que somos como país, ir en esa dirección y no tener ninguna barrera para el enredo del gobierno con la religión", dijo el Sr. Haynes. "¿Qué quedaría? ¿Qué no podría hacer el gobierno?".