Washington.- La Suprema Corte de Estados Unidos detuvo el sábado a la administración del Presidente Donald Trump de deportar a hombres venezolanos bajo custodia de migración después de que sus abogados dijeran que estaban en riesgo inminente de expulsión sin la revisión judicial previamente ordenada por los jueces.
"Se ordena al Gobierno que no expulse de Estados Unidos a ningún miembro de la clase putativa de detenidos hasta nueva orden de esta Corte", dijeron los magistrados en una breve decisión sin firma.
La Casa Blanca no respondió inmediatamente el sábado las peticiones de comentarios. Los jueces conservadores Clarence Thomas y Samuel Alito disintieron públicamente de la decisión, emitida hacia las 12.55 horas.Los abogados de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) presentaron el viernes solicitudes urgentes en múltiples tribunales, incluida la Suprema Corte, instando a una acción inmediata tras informar de que algunos de los hombres ya habían sido subidos a autobuses y se les había comunicado que iban a ser deportados.
La ACLU dijo que la rápida evolución de los acontecimientos significaba que el Gobierno estaba dispuesto a deportar a los hombres utilizando una ley de 1798 que históricamente sólo se ha empleado en tiempos de guerra, sin darles una oportunidad realista de impugnar su expulsión, como había exigido la Suprema Corte. "Estos hombres corrían peligro inminente de pasar la vida en una horrible prisión extranjera sin haber tenido la oportunidad de comparecer ante un tribunal. Nos alivia que la Corte Suprema no haya permitido que la Administración los secuestre como ocurrió con otros el mes pasado", dijo el sábado Lee Gelernt, abogado principal de la ACLU en el caso. El caso plantea interrogantes sobre la adhesión de la administración Trump a los límites establecidos por la Suprema Corte. Conlleva el riesgo de un choque significativo entre las dos ramas coiguales del gobierno y potencialmente una crisis constitucional en toda regla. Elegido el año pasado con la promesa de tomar medidas enérgicas contra los inmigrantes, Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 en un intento de deportar rápidamente a los miembros acusados del Tren de Aragua, una banda criminal originaria de las cárceles venezolanas que su administración califica de grupo terrorista. Trump y sus principales ayudantes han afirmado que su poder ejecutivo les otorga una amplia autoridad en asuntos de inmigración, poniendo a prueba el equilibrio de poderes entre las ramas del gobierno.