Los indultos concedidos a decenas de republicanos acusados de participar en los intentos por anular las elecciones de 2020 son una continuación de los esfuerzos del Presidente Donald Trump por reescribir la historia de su derrota electoral.

Estos indultos se producen meses después de que Trump otorgara una amplia amnistía a las más de mil 500 personas acusadas por el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio de Estados Unidos, que marcó el punto culminante de la campaña para revertir su derrota ante el demócrata Joe Biden.

A diferencia de los indultos del 6 de enero, los más recientes tendrán poco efecto legal. Ninguna de las personas incluidas en la nueva lista de indultos había enfrentado un proceso federal por sus acciones en 2020. El perdón presidencial no tiene impacto sobre casos estatales ni civiles.

Pero envían una señal a quienes consideren negar los resultados de futuras elecciones en favor de Trump.

A continuación, algunos de los nombres más destacados que fueron indultados:

Rudy Giuliani

El ex Alcalde de Nueva York, celebrado como "el alcalde de América" tras los ataques del 11 de septiembre de 2001, desempeñó un papel crucial en la promoción de las afirmaciones infundadas de fraude electoral de Trump como su abogado personal en 2020.

Ha enfrentado numerosos problemas legales y financieros por defender esas falsedades, incluyendo la pérdida de su licencia de abogado en Washington y Nueva York. Fue acusado penalmente en procesos estatales en Georgia y Arizona y se declaró no culpable. Esos casos han enfrentado obstáculos, pero siguen sin resolverse y no se ven afectados por el indulto de Trump.

En 2023, un juez le ordenó pagar 148 millones de dólares a dos trabajadoras electorales de Georgia que lo demandaron por las mentiras que difundió sobre ellas, y en enero llegó a un acuerdo para resolver la deuda y conservar parte de sus propiedades. No se reveló el monto final que recibirían las mujeres. Giuliani ha negado haber actuado mal y sostiene que tenía derecho a impugnar una elección que creía viciada por fraude.

Mark Meadows

Jefe de gabinete de Trump durante las elecciones de 2020 y el periodo posterior, Meadows fue acusado en casos en Arizona y Georgia y se declaró no culpable en ambos estados.

El año pasado, la Corte Suprema de EU rechazó su intento de trasladar su caso de Georgia a un tribunal federal, donde un indulto presidencial lo habría exonerado. Meadows sostiene que sus acciones posteriores a la elección se realizaron en el marco de sus funciones oficiales como jefe de gabinete de la Casa Blanca, aunque fiscales y jueces han discrepado.

Meadows estuvo en la llamada en la que Trump pidió al Secretario de Estado de Georgia, el republicano Brad Raffensperger, que "encontrara" los votos suficientes para declararlo ganador del estado.

Kenneth Chesebro

Fiscales del condado de Fulton, Georgia, alegaron que Chesebro, abogado, trabajó con republicanos locales bajo la dirección de la campaña de Trump para organizar a 16 personas que firmaron un certificado que falsamente afirmaba que Trump había ganado el estado y que ellos eran sus "electores debidamente elegidos y calificados".

Chesebro se declaró culpable de un cargo de conspiración en el caso estatal, pero fracasó en su intento de retirar su declaración después de que el extenso proceso contra él y otros 17 acusados, incluido Trump, se viniera abajo por cuestiones legales. Su licencia de abogado en el estado de Nueva York fue suspendida tras su declaración de culpabilidad, y aún enfrenta cargos penales en Wisconsin relacionados con un plan similar de electores falsos.

Jenna Ellis

Abogada y figura prominente de los medios conservadores, Ellis también se declaró culpable de un cargo por ayudar e instigar declaraciones y escritos falsos en el caso de Georgia. Se disculpó ante el tribunal por haber asesorado a la campaña de Trump en su intento de revertir la derrota y fue censurada y suspendida de ejercer la abogacía por tres años en su estado natal de Colorado debido a su conducta en 2020.

John Eastman

Reconocido profesor de derecho conservador, Eastman redactó un memorando clave que delineaba la estrategia de Trump para revertir su derrota electoral mediante la presentación de una lista alternativa de electores al Congreso.

Enfrenta cargos en un caso estatal presentado por la fiscal general demócrata de Arizona en relación con ese plan. También fue acusado en el condado de Fulton, y la junta disciplinaria del Colegio de Abogados de California recomendó que se le retirara su licencia para ejercer. Eastman se declaró no culpable en los casos penales y apeló la suspensión de su licencia ante la Corte Suprema de California. Alega que está siendo castigado simplemente por ofrecer asesoría legal.

Jeffrey Clark

Funcionario del Departamento de Justicia durante la primera Administración Trump, Clark redactó una carta en la que afirmaba que el departamento estaba investigando "diversas irregularidades" y había identificado "preocupaciones significativas" que podrían haber afectado la elección en Georgia y otros estados.

Quiso enviar la carta a los legisladores de Georgia, pero sus superiores en el Departamento de Justicia se negaron. En julio, un panel disciplinario de abogados en Washington recomendó que se le retirara su licencia, al concluir que hizo "declaraciones intencionalmente falsas" al seguir presionando para que se enviara la carta después de que sus superiores le advirtieran que contenía falsedades.

Clark, quien actualmente dirige una oficina regulatoria federal en la segunda Administración Trump, publicó el lunes en X: "No hice nada malo al cuestionar las elecciones de 2020 en Georgia".

Sidney Powell

Abogada y firme aliada de Trump, Powell presentó una serie de demandas en estados clave que fueron rechazadas por los tribunales y desempeñó un papel central en la difusión de afirmaciones infundadas de fraude.

Correos electrónicos y documentos obtenidos mediante citaciones en uno de los casos revelaron que Powell organizó el viaje de un equipo de informática forense al condado rural de Coffee, a unos 320 kilómetros al sureste de Atlanta, para copiar datos y software de los equipos de votación en enero de 2021.

En 2023 se declaró culpable de cargos reducidos en el caso de Georgia, convirtiéndose en la segunda acusada en llegar a un acuerdo con los fiscales. Inicialmente fue acusada de asociación delictuosa y otros seis cargos, pero finalmente recibió libertad condicional tras declararse culpable de seis delitos menores que la acusaban de conspirar para interferir intencionalmente con el cumplimiento de las funciones electorales.