Lima, Perú.- Unos relojes de lujo hacen tambalear el frágil Gobierno de Dina Boluarte. La Presidenta de Perú deberá explicar esta semana a la Fiscalía la procedencia de estas joyas, pero su suerte más que de la justicia depende del Congreso, donde la izquierda promueve su destitución.

UNA NUEVA TURBULENCIA

Boluarte es investigada por presunto enriquecimiento ilícito, lo que llevó a que decenas de fiscales y policías allanaran el fin de semana su vivienda y su despacho en el Palacio de Gobierno, en busca de evidencias del caso.

La mandataria de 61 años es investigada a raíz del “Rolexgate”, como se conoce el escándalo que estalló a mediados de marzo por una investigación periodística. Boluarte tendría varios relojes de lujo que no habría declarado dentro de sus bienes.

En la diligencia ella deberá exhibir y justificar la compra de la supuesta colección de al menos tres relojes Rolex, que la prensa le atribuye a través de diversas fotografías publicadas en los últimos días.

En marzo, un popular programa político en Youtube “La Encerrona” señaló que Boluarte usaba en eventos públicos LOS relojes Rolex, cuyos precios oscilarían entre 14 y 25 mil dólares.

El periodista Marco Sifuentes de “La Encerrona” afirmó a Reuters que tras recibir el dato de un “curioso”, que se había reunido antes con Boluarte y visto que usaba finos relojes, revisaron miles de fotos oficiales de sus apariciones públicas.

“Hay un signo de enriquecimiento muy llamativo que perfectamente en Perú podría corresponder a sobornos”, acotó.

EL ESCENARIO JUDICIAL

El 18 de marzo la Fiscalía de Perú anunció el inicio de “diligencias preliminares” contra Boluarte por el presunto delito de enriquecimiento ilícito y omisión de declarar en documentos la propiedad de tres costosos relojes Rolex.

El caso sacó a relucir un antiguo reporte del regulador de la banca que alertaba “de operaciones sospechosas” por unos 295 mil dólares en cuentas bancarias de Boluarte entre el 2016 y 2022, antes de que asumiera al poder.

En su defensa, Boluarte dijo que son “cuentas mancomunadas” cuando era miembro de un club regional; y rechazó actos de corrupción en su gestión.

La Fiscalía ya investiga a Boluarte desde 2023 por los presuntos delitos de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves”, por la muerte de más de 50 civiles “durante las movilizaciones sociales entre diciembre de 2022 y enero de 2023” que pedían su renuncia y adelanto de elecciones.

EL ESCENARIO POLÍTICO

El parlamento unicameral comenzó el trámite de una moción de vacancia (destitución) por “permanente incapacidad moral” presentada por Perú Libre, partido izquierdista al que perteneció Boluarte.

El pedido es apoyado por 30 congresistas, pero para ser admitido a debate requiere más de medio centenar de votos de los 130 legisladores.

Solo después se iniciaría un juicio político. Para ser destituida, la Oposición requiere reunir más de 86 votos. En ese contexto, el Primer Ministro Gustavo Adrianzén irá el miércoles al Congreso para exponer la política general del Gobierno y solicitar un voto de confianza, en un acto que estaba previsto antes de que se desencadenara la crisis.

El Congreso es controlado por una mayoría de partidos de derecha y ultraderecha, que son el sostén de Boluarte. Ella carece de bancada propia.

“Hasta el momento no hay posibilidades de una vacancia porque el Congreso es consciente de que sería inevitable convocar a elecciones adelantadas y prefiere evitar ese riesgo”, según Alvarez, también columnista del diario La República.

En el tiempo que lleva en el poder, la izquierda parlamentaria presentó dos mociones de destitución contra Boluarte. Ninguna fue admitida a debate.

“Las principales fuerzas del Congreso tienen la intención de mantener el estado de cosas el mayor tiempo posible”, dijo a la AFP el politólogo Carlos Meléndez, de la universidad chilena Diego Portales.

Pero advirtió que “sería un milagro que acabe su mandato porque nadie quiere ser aliado de una Presidenta impopular en un contexto electoral”, en alusión a los comicios de 2026.

El escándalo detonó cuando su popularidad no supera el 10 por ciento en las encuestas.

EL ESCENARIO SE COMPLICA

En los dos últimos mensajes a la nación sobre el “caso Rolex”, Boluarte no ha precisado el origen de los costosos relojes, ni cuando los compró o si los recibió de regalo.

La Mandataria mas bien ha calificado de “arbitraria, desproporcional y abusiva” la incursión fiscal y policial a su casa y a su despacho y oficinas en Palacio de Gobierno.

El abogado y analista político, Carlos Caro, consideró que Boluarte habría incurrido en “obstrucción” a la justicia al no entregar información y presentarse en el primer llamado de la Fiscalía para declarar sobre el origen de los relojes. “Estamos ante una nueva crisis de gobernabilidad”, manifestó a Reuters.

En medio del escándalo, Boluarte removió el lunes a casi un tercio de su Gabinete de 19 ministros, lo que agregaría más inestabilidad en la gobernabilidad del país andino.