La designación de Aureliano Hernández Palacios como nuevo Auditor Superior de la Federación (ASF) representa una continuidad de la mala gestión de David Colmenares al frente del órgano fiscalizador, consideró Marco Fernández, profesor-investigador en la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey.
En entrevista, afirmó que Hernández Palacio forma parte de la ASF desde 2018, primero como director y luego como Auditor Especial de Gasto Federalizado, por lo que también es responsable de la ineficacia con la que trabajó la Auditoría los últimos ocho años.
"Documentamos todas las carencias de la ASF con Colmenares y una mayoría abrumadora de diputados decide elegir a un auditor que formó parte del cuerpo principal de la Auditoría que ha tenido estos malos resultados", dijo. Fernández lamentó que los diputados de las distintas fuerzas políticos hayan optado por elegir un auditor cómodo, en lugar de elegir un perfil que mejore a la ASF, que es el brazo con el que la Cámara Diputados audita el ejercicio del gasto público."A los legisladores, si realmente les importará la información, hubieran tomado una decisión diferente, pero en el fondo parece que pensaron 'mejor aprobamos a alguien que no vaya a incomodar con las auditorías en los municipios y en los gobiernos de los estados de los distintos partidos políticos'", consideró.
Hernández Palacios fue elegido por el Pleno de la Cámara de Diputados por 472 votos, 100 más de los que tuvo Colmenares hace ocho años, mientras que los otros candidatos que conformaron la terna Luis Miguel Martínez Anzures y Elizabeth Barba Villafán, obtuvieron seis y un voto, respectivamente. Por su parte, la organización México Evalúa, un posicionamiento emitido antes de que se diera la votación, señaló que el nuevo Auditor Superior debe superar el deterioro sufrido por la institución. Entre los cambio que debe operar, señaló, están restablecer el Consejo de Dirección y la Auditoria Interna, evitar la modificación del Programa Anual de Auditorías una vez publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y abatir el rezago en el seguimiento de observaciones. "Diagnósticos legislativos han advertido la existencia de montos significativos de recursos públicos sujetos a revisión que permanecen 'en seguimiento' durante largos periodos. Esto genera riesgos de prescripción, lo que limita la posibilidad de recuperar recursos para el erario, como ocurrió de 2021 a 2023", refirió. Entre las tareas que debería llevar a cabo, propuso, están fortalecer los mecanismos internos de rendición de cuentas, garantizar procesos de designación transparentes de su colaboradores, fortalecer la participación ciudadana, cumplir plenamente con los mandatos legales e impulsar el funcionamiento del Sistema Nacional de Fiscalización. "Una fiscalización sólida contribuye a mejorar la calidad del gasto público, fortalecer la confianza en las instituciones y generar información valiosa para perfeccionar las políticas públicas", aseguró.
