Chihuahua.- La inhabilitación de tres meses para ejercer cargos públicos, contra la exsecretaria de la Función Pública del gobierno estatal anterior, Mónica Vargas Ruiz, fue por la clonación de folios de expedientes para ocultar una denuncia presentada en septiembre de 2019, por la adquisición presuntamente irregular que hizo Javier Corral del llamado 'terreno caliente', con el que amplió su casa de Ciudad Juárez.

“Vemos una sanción en apariencia mínima, pero falta la acción penal, esperemos que en eso esté trabajando la Fiscalía Anticorrupción”, dijo el diputado priista Omar Bazán, quien presentó la denuncia durante la gestión estatal de Corral Jurado, que fue “extraviada” por Vargas Ruiz, lo que motivó un procedimiento en su contra del Órgano Interno de Control (OIC) de la propia dependencia que ella encabezó.

Según un comunicado de la Función Pública Estatal, la extitular de la dependencia fue inhabilitada por tres meses, como una sanción emitida por el Área de Responsabilidades del OIC de la propia instancia.

Sin dar detalles del procedimiento contra la exfuncionaria de la administración corralista, la SFP indicó que ella trató de evitar la sanción a través de un amparo.

De acuerdo con el expediente 01/2022, en marzo de 2022 el Área de Investigaciones del OIC inició una investigación en contra de Vargas Ruiz. En mayo de ese año, fue emplazada a procedimiento en virtud del Informe de Presunta Responsabilidad, por incumplimiento en la entrega de la información y falta de aclaración de las observaciones realizadas al acta entrega recepción de la SFP.

En mayo, Vargas Ruiz presentó un amparo indirecto en contra de la constitucionalidad del Artículo 4 de la Ley Orgánica, con dependencia jerárquica y funcional del titular del Poder Ejecutivo, ante el Juzgado Décimo de Distrito.

El 10 de junio, se realizó una audiencia en la que presentó sus argumentos y manifestaciones por escrito y verbales. Ese mismo día se le otorgó la suspensión para efecto de que no se emitiera resolución.

Posteriormente, el 14 de octubre de 2022, fue amparada por parte del juzgado Décimo de Distrito, con el objetivo de lograr la inaplicación del artículo en mención.

Sin embargo, en noviembre de 2022 el OIC presentó un Recurso de Revisión en el Tribunal Colegiado Décimo Séptimo de Distrito. Fue hasta el 11 de marzo de 2024 cuando se notificó la revocación de la sentencia de amparo del juzgado Décimo de Distrito. Así, el 24 de junio de 2024 el OIC emitió la resolución sancionatoria en términos del artículo 49 fracciones I y V para inhabilitar por tres meses a la extitular de la SFP.

Iniciador de la denuncia pide sanción penal

Tras darse a conocer la sanción contra la exfuncionaria, el legislador priista Omar Bazán indicó que a la Función Pública le hace falta clarificar la situación que enfrenta la anterior titular de la dependencia durante el gobierno de Javier Corral.

Además, consideró que el procedimiento iniciado por haber “perdido” su denuncia original, de septiembre de 2019, debe servir para que también proceda la Fiscalía Anticorrupción por la vía penal, dado que es presumible el delito de falsficación de documentos y otras conductas delictivas.

Bazán Flores explicó que él presentó la denuncia formal ante la Función Pública por la adquisición del llamado terreno caliente de Corral Jurado desde septiembre de 2019, pero nunca avanzó el expediente, por lo que la funcionaria incumplió con su labor de investigar las posibles irregularidades e iniciar el procedimiento para sancionar al entonces gobernador, en caso de demostrar alguna falta.

Por el contrario, indicó, Vargas Ruiz clonó el folio del expediente de queja con el de otro asunto irrelevante, con lo que desapareció su denuncia y nunca avanzó.

Fue hasta 2022, informó, cuando volvió a denunciar la presunta irregularidad de Corral, luego de que la Función Pública, ya en la administración actual, le informara que no había registro de la denuncia original, motivo que dio inicio al procedimiento contra Vargas Ruiz.

“Quién sabe si fue decisión de ella perder el expediente a propósito... o que nos diga si lo hizo por instrucciones de su jefe Corral, porque en todo caso él también llevaría responsabilidad en ese asunto”, declaró Bazán Flores, quien insistió en que es muy clara la falta por la que fue sancionada la exsecretaría, pero insistió en que también debe fincarse una responsabilidad penal.

El cuanto al motivo de la denuncia, tanto la original de 2019, “extraviada” por Vargas Ruiz, como la que presentó de nuevo en 2022, señaló que el mismo exgobernador Corral reconoció en un video subido a redes sociales durante la semana pasada, que es de su propiedad el llamado terreno caliente y no lo declaró ni ha explicado cómo fue la adquisición, que no ha podido escriturar debidamente por los problemas legales que representa la irregular transacción por la que es acusado.

Por este asunto, señaló que también debe procederse por la vía penal y es lo que espera, para que sean sancionadas las conductas ilegales tanto del exmandatario como de la exsecretaria de la Función Pública que él mismo designó en el cargo.