Chihuahua, Chih.- “No hizo nada este cabrón de Corral, ahora nos empiezan a atender, pero porque estamos presionando”, sostuvo Lázaro Martínez, representante de los vecinos de Rinconada Los Nogales, quien ha tenido que presentar diversos recursos colectivos ante la justicia federal para que el Gobierno del Estado responda por los daños a la salud de la población en los alrededores de la vieja planta fundidora de metales.

Cinco años después de la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos contra el gobierno estatal por el desastre ambiental en los alrededores de Ávalos, la autoridad estatal citó para los próximos días a reuniones con los afectados en la Comisión Estatal de Vivienda y la Secretaría de Gobierno.

Los resolutivos de la justicia federal, en acciones colectivas, obligan a la autoridad estatal actual a responder por las omisiones de años pasados, sin embargo, el mismo gobierno ha tratado de combatir las sentencias que deberían acatarse.

Citan a afectados en la Comisión Estatal de Vivienda y la Secretaría de Gobierno; reclaman daños a la salud y necesidad de remediar la zona

Ante estos reclamos por la vía jurídica y algunas protestas que han resurgido, la última durante los primeros días de este mes de mayo, el Gobierno del Estado agendó reuniones con los manifestantes en la Comisión Estatal de Vivienda (Coesvi) para el día 27 de mayo y en la Secretaría General de Gobierno el día 28.

Esta sería la primera atención formal de las autoridades estatales, después de que, desde hace casi cinco años, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al entonces gobernador, Javier Corral Jurado, para atender de forma urgente el desastre ambiental provocado por la contaminación minera de Ávalos, en cuyos alrededores fue desarrollado el fraccionamiento Rinconada Los Nogales.

La CNDH determinó la existencia de violaciones a los derechos a un medio ambiente sano, a la salud, al interés superior de la niñez y a la vivienda de cientos de vecinos en el sitio considerado un pasivo ambiental desde hace más de 30 años, pese a lo cual, desde 2004, fue autorizada la construcción de un desarrollo habitacional, así como centros comerciales, escuelas y otras instalaciones.

Al resolverse un reclamo iniciado en 2015, Corral fue señalado como autoridad responsable y recibió del organismo nacional 18 puntos de la recomendación. Inicialmente, el mandatario se negó a aceptar el resolutivo de forma total, pues aceptó sólo 11 puntos, sin embargo, meses después aceptó la totalidad... pero nada hizo para cumplirla.

Las protestas por la falta de acciones resurgieron el pasado siete de mayo, con una manifestación en el centro de la ciudad, por parte de un grupo de vecinos que reclamaron atención a la recomendación y a las condiciones que motivaron las quejas desde años atrás. Desde 2020, el mismo grupo ha insistido en que el Gobierno del Estado cumpla con todas las resoluciones contenidas en la recomendación de la CNDH, que han sido ignoradas por parte de todas las autoridades señaladas como responsables, entre las que se incluyen, además, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y el ayuntamiento de la capital.

A la fecha, no existen en el Gobierno del Estado registros de algún tipo de atención por parte de alguna autoridad a esa recomendación, salvo una encuesta de marzo de 2020 con algunos de los vecinos del fraccionamiento, sin que se conocieran sus resultados ni objetivos.

Decenas de niños enfermos

Los reclamos que han encabezado, además de Lázaro Martínez Morales por la vía jurídica, las vecinas Ana Corral y Ernestina Hernández, han sido básicamente por la alta incidencia de niños y jóvenes enfermos, por la exposición constante a materiales contaminantes.

Los estudios realizados en años anteriores, muestran altas concentraciones de berilio, talio, uranio y otros elementos tóxicos y altamente dañinos para la salud, que se encuentran en suelo, agua y aire de todo el sector aledaño a la vieja planta de Ávalos.

Algunos de los pequeños, informaron vecinos, han recibido tratamiento médico constante tanto en el sector público como en el privado, pero los médicos les han informado que de nada sirve si permanecen en una zona contaminada, en la que conviven con los elementos nocivos de día y de noche.

Por ello, el reclamo de los vecinos es la atención médica inmediata por parte de las instituciones públicas de salud, así como la reubicación y el pago de sus viviendas, que adquirieron en los desarrollos habitacionales en la zona sin saber que estaba contaminada, desarrollos que indebidamente autorizaron las autoridades municipales, estatales y federales desde hace dos décadas.

Asimismo, piden que la atención sea general y no se limite a los casos que han recurrido a la vía jurídica para lograr atención por parte de la autoridad, dado que es toda la comunidad la afectada, ante lo cual han buscado excusas con el fin de atender solamente algunas situaciones particulares.

En un recorrido por el lugar, algunos vecinos que prefirieron mantenerse en el anonimato -algunos por trabajar en instancias públicas- señalaron que en diversas reuniones de los habitantes, se han juntado hasta 70 familias que han presentado daños en su salud en algunos de sus miembros, con diagnósticos precisos que señalan a los materiales contaminantes como causantes de sus padecimientos.

Oficialmente, ninguna autoridad ha contabilizado los daños específicos ni la cantidad de habitantes que existe en las diversas etapas de Rinconada Los Nogales y un asentamiento indígena irregular que existe también en los alrededores de Ávalos.

Atiende Estado un problema de dos décadas

De concretarse las reuniones con las instancias estatales, sería la primera vez desde que fue emitida la resolución de la CNDH que se atiende el reclamo de salud y reubicación que exigen los vecinos.

Pero el problema acumula ya varias décadas, pues la fundidora operó desde 1908 hasta 1997, cuando cerró defintivamente debido a la reducción del suministro de concentrados de plomo de la mayoría de minas. Su cierre, sin embargo, no fue acompañado de un plan de remediación ambiental y dejó un problema de contaminación del suelo.

“Después del cierre de operaciones se realizaron diversos estudios en el sitio y zonas aledañas. Los resultados de diferentes estudios realizados para caracterizar el daño ambiental señalan que en este sitio existe un importante problema de contaminación del suelo, así como disposición inadecuada de residuos minero metalúrgicos”, señala un reporte de un plan de remediación iniciado muchos años después por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), del que no existieron mayores avances salvo la creación de un complejo gubernamental en los alrededores, donde ahora son las instalaciones de la Feria de Santa Rita.

Sin la remediación necesaria, desde 2004, fue autorizado por el Gobierno Municipal el desarrollo Rinconada Los Nogales, a unos metros de los depósitos contaminados de la actividad minera y fundidora de Ávalos.

Diez años después de que fueron habitadas las viviendas de ese desarrollo, en 2014 comenzaron las quejas de vecinos sobre los daños a la salud, principalmente en niños, por la contaminación. En 2015, cinco quejas iniciales en la Comisión Estatal de Derechos Humanos fueron remitidas a la Comisión Nacional, que acumuló los expedientes para su estudio.

Durante los años siguientes, la CNDH hizo extensivos los agravios en perjuicio de los habitantes de Rinconada Los Nogales y remitió estudios médicos elaborados por Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua a la población de esa demarcación; además, certificó y documentó las afectaciones a la salud de la población, ante la persistencia y cercanía de los depósitos de residuos mineros en el pasivo ambiental Ávalos

Durante 2019, los estudios oficiales demostraron que en las escorias de Ávalos, se encuentran en forma masiva y granulada concentraciones de arsénico, plomo, cadmio, cobre y zinc, así como algunos silicatos, hierro y calcio, infiriendo que estos compuestos pueden estar encapsulados; en los jales se encontraron los mismos elementos, pero el zinc presentó una mayor solubilidad.

La CNDH emite la recomendación al Gobierno del Estado, a la Semarnat y al Ayuntamiento de Chihuahua, con 18 resolutivos que deberían cumplirse en un lapso de tres meses. El entonces gobernador, Javier Corral, se negó inicialmente aceptar la recomendación en su totalidad, sólo aceptó 11 de los 18 puntos de la recomendación, pero unas semanas después corrigió y la recibió en todos sus términos, pese a lo cual no tomó acciones para la remediación ambiental y la atención a la población afectada.