Chihuahua, Chih.- La ejecución del inspector jefe de la Policía Estatal, Víctor Hugo Sosa Martínez, es reflejo del impacto que tiene en las corporaciones de seguridad la guerra entre cárteles por la venta de cristal y otras drogas, consideró el criminólogo José Carlos Hernández Aguilar.

Sin prejuzgar sobre los motivos de la ejecución, señaló, para nadie es un secreto la vinculación de policías con las redes criminales que mantienen un reto bélico contra las fuerzas del orden, en las que también han normalizado la criminalidad, como en el resto de la sociedad.

Sosa Martínez fue asesinado la mañana del lunes en calles de la colonia Villas del Real. En un bolso que cargaba fue localizada una pequeña bolsa plástica con la droga conocida como cristal, de acuerdo con el peritaje realizado en la escena del crimen, sin que hayan determinado la razón por la que traía consigo el estupefaciente.

Dicha droga, de acuerdo con la clínica antiadicciones Doxa, es la que alrededor del 70 y 80 por ciento de los adictos atendidos en el lugar, reporta como su principal consumo, por encima de la mariguana, la cocaína, la heroína y el fentanilo, cuya penetración también va en aumento.

De acuerdo con versiones no oficiales de mandos de las corporaciones de seguridad, es la disputa por el cristal la que ha elevado la cantidad de ejecuciones, pues algunas células del Cártel de Juárez pretenden impedir su comercialización, presuntamente dominada por grupos subordinados al Cártel de Sinaloa.

El nombre de Sosa Martínez había aparecido en una narcomanta el 17 de diciembre del año pasado; era un mensaje dirigido al secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya, quien era cercano al mando policial asesinado, de acuerdo con las versiones de otros policías que han estado también cerca tanto de uno como de otro, desde que el hoy titular del ramo en Chihuahua, era jefe de la Policía Municipal de la capital.

“Ingeniero Gilberto Loya secretario de seguridad si su intención es limpiar la institución debería de comenzar x el insp. Victor Hugo Sosa Martínez, el cual se dedica al cobro de cuotas venta de drogas extorsiones y proteger un grupo criminal con el consentimiento de sus superiores (sic)”, señalaba la narcomanta, colocada en la parte baja del paso de la avenida La Junta, sobre la vialidad Teófilo Borunda, la del canal del río Chuvíscar.

“Las palabras en esa manta buscan desestabilizar y sembrar desconfianza. No hacemos caso a grupos criminales. Sin embargo, se revisará a todos los elementos de la corporación para garantizar que ninguno esté involucrado en actos ilícitos”, dijo Loya Chávez horas después de la colocación de ese mensaje; después, la SSPE ya no informó de los resultados de la revisión interna que procedería.

Casi dos meses después de la aparición de esa narcomanta, por la que no hubo detenidos, fue Sosa Martínez asesinado afuera de su domicilio entre las calles Mina Mirandeña y Cataluña, a un lado de la pick up Silverado de color oscuro, propiedad de la SSPE.

Adscrito a la División de la Policía Bancaria, Comercial e Industrial, no era probable que trajera consigo drogas para consignar a la autoridad, pero en una bolsa tipo “riñonera” o “mariconera” cargaba una bolsa “Ziploc” con alrededor de 35 dosis, según se advierte en documentación del procesamiento de la escena del crimen, a la que tuvo acceso El Diario.

Sobre este hecho, la SSPE reconoció públicamente, a través de su vocero, Jorge Armendáriz, que el agente caído traía la droga y que pudiera ser producto de un decomiso, pero “está siendo investigado por la Fiscalía General del Estado por qué no había sido resguardado”.

También le fueron localizadas dos básculas grameras, propiedad de la SSPE, que no deberían estar en poder del agente.

El posible uso de tres armas diferentes, todas de calibre nueve milímetros, fue detectado en el lugar del ataque por los casquillos encontrados alrededor, lo que, de acuerdo con versiones extraoficiales, identifica la escena con un grupo criminal como presunto responsable, el de “La Empresa”, que opera bajo la estructura del Cártel de Juárez.

Aunado a esto, fuentes de corporaciones de seguridad revelaron que la pick up GMC Silverado, 2015, con placas DD-0164-B, del estado de Chihuahua asegurada durante el operativo, en la colonia Revolución en la que fueron detenidas cuatro personas, posiblemente vinculadas al crimen, tiene placas registradas a nombre del director de Seguridad Pública Municipal de Ahumada, Carlos Alberto Duarte González.

La versión sobre el origen de la agresión ha sido fortalecida con la detención de cuatro personas, supuestamente integrantes del mismo grupo, aunque la Fiscalía General del Estado no los ha presentado ante el juez para fincarles cargos. Presumiblemente, no son los agresores directos del inspector Sosa, pero formarían parte de la célula de atacantes.

Pelea en contra y por el cristal

La droga encontrada durante el procesamiento de la escena de la ejecución del policía estatal suma evidencias al problema de salud y de seguridad que representa su comercialización.

El pasado 28 de enero, El Diario publicó información del psicólogo y maestro en prevención integral de drogas, Gonzalo Cervantes Torres, quien advertía de un incremento en el consumo de fentanilo y metanfetaminas entre la población.

“Ya empezamos a recibir gente con problemas de fentanilo y lo vemos; cuando las personas se intoxican severamente y fallecen, es principalmente por este tipo de drogas, fentanilo y la metanfetamina de tipo cristal”, dijo el experto, representante de la clínica antiadicciones Doxa.

Expresó que actualmente la droga con mayor abuso es la metanfetamina y precisó que es de un 70 u 80 por ciento en las personas que atiende el centro.

“Ya no es la heroína y viene un problema severo, los usuarios de heroína e inclusive cristal le están mezclando fentanilo, hay muy pocos consumidores de fentanilo en en la ciudad, pero ya empezamos nosotros a recibir gente con problemas de fentanilo y lo vemos”, mencionó.

En las corporaciones policiacas, de forma extraoficial, los agentes aseguran que el Cártel de Sinaloa pretende mantener e incrementar el tráfico y comercialización de cristal y fentanilo, mientras que dentro del Cártel de Juárez no hay uniformidad en esa tarea, ya que hay algunas células que están en contra de su consumo; o están a favor, pero pelean para eliminar rivales y ganar terreno en la venta del mismo.

Narcomantas normalizan el caos social

Cuestionado al respecto, el criminólogo José Carlos Hernández Aguilar puntualizó que desconoce el caso específico y las circunstancias de la muerte violenta de Sosa Martínez, pues será tarea de las autoridades la investigación a fondo del crimen y la sanción a los responsables.

Sin embargo, dijo que se da en un contexto en que los cárteles retan a las fuerzas del orden, por lo que no es extraño que ejecuten venganzas y las repliquen en los puntos del estado.

“De hecho, la delincuencia organizada ya se estaba tardando en pegarle a las fuerzas de seguridad”, dijo Hernández Aguilar, quien consideró que las autoridades deben tener en claro que el crimen y las pandillas, “no olvidan ni perdonan”, tarde o temprano cumplen sus amenazas y ejecutan sus venganzas cuando incumplen sus códigos.

De esta forma, consideró, es que llegan al grado de obscenidad de la criminalidad con casos como estos, que son producto del descontrol de las políticas públicas de seguridad y de la ausencia de participación ciudadana en la definición y aplicación de estas políticas.

De fondo, además, señaló, está la tolerancia social al cada vez más elevado consumo de drogas, con cifras tan alarmantes como la estimación de que cerca de un 30 por ciento de la sociedad es consumidora de drogas ilegales, duras, donde el cristal, el fentanilo -y ya ni hablar del fentanilo negro y los nitazenos de mayor potencia- han avanzado de manera exponencial.

El criminólogo señaló que la explicación más clara del poder de la delincuencia organizada está en la estimación de que lava más de 20 mil millones de pesos al año en México, más lo que tiene de dinero escondido, lo que lleva a la cooptación simbiótica entre autoridades de todos los niveles y los criminales, de lo que no se escapa ninguna corporación de seguridad.

En este contexto, dijo, es alarmante lo que ocurre en el estado, que mantiene primeros lugares en secuestros, feminicidios, asesinatos, tráfico de personas y otros ilícitos que forman parte del “estercolero de la criminalidad”, en el que terminan inmersas las corporaciones policiacas.

Ante el crecimiento del crimen y la normalización del caos social, consideró, deben reforzarse los sistemas de control de confianza no sólo de los agentes, sino de los mandos policiacos y los funcionarios a cargo de la seguridad, porque de seguir por el mismo camino, con un alto crecimiento en el consumo de drogas dada la falta de políticas públicas que lo desincentiven, hacia final del año el problema de seguridad y de salud pública será mucho más severo.

Respecto de las narcomantas, que en el caso de esta última ejecución aparecen como un elemento más de la investigación, Hernández Aguilar dijo que son otro factor que influye en la normalización del caos social y se han perfeccionado y profesionalizado como herramientas propagandísticas del crimen organizado.

Esos esfuerzos de la narcopropaganda, consideró, son reflejo de la guerra sin cuartel que libran las organizaciones criminales, que alcanza a las corporaciones como en este caso, y no deben tomarse a la ligera ni despreciarse esos mensajes, por el contrario, deben tomarse con seriedad, investigarse y las autoridades deben actuar en consecuencia ante ello.