El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito desechó la queja interpuesta por el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) contra la suspensión que impide que la Conagua realice la demolición de los presones en el rancho El Saucito, propiedad del exgobernador César Duarte.

El asunto dependerá de la resolución de la audiencia incidental de amparo del lunes en el Juzgado Federal, en la que definirán si habrá una suspensión definitiva.

De acuerdo con la resolución del Tribunal Colegiado, continuará vigente la suspensión concedida por el Juzgado Décimo de Distrito en el estado de Chihuahua a pobladores del ejido “El Trigueño”, grupo vulnerable de la etnia rarámuri, para evitar la destrucción de presones.

Expusieron que los cuerpos de agua no sólo benefician a los habitantes, sino que además, recargan los mantos acuíferos, crean un microclima y ayudan a mantener humedad en los terrenos aledaños, como es su comunidad indígena.

El abogado Omar Villalobos, quien promovió el recurso legal el martes de la semana pasada, precisó que los pobladores tramitaron el juicio de amparo para detener la destrucción de los presones.

Apuntó que tienen permiso del propietario desde hace décadas y utilizan el agua para consumo humano y los animales, en tiempos de sequía.

“Supimos que ese cuerpo de agua es el más cercano y apropiado para el combate de los múltiples incendios que hay en la región, derivados de la sequía extrema que padecen en los últimos años”, precisó.

La resolución del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito está basada en cuatro jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y en una tesis aislada.

Presenta Conagua denuncia y estudios técnicos

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) presentó una denuncia penal por la existencia de presones en el rancho El Saucito, según informó a través de un comunicado.

Añadió que entregó los informes técnicos al Juzgado Décimo de Distrito para que el lunes sea desestimado el recurso de amparo promovido para impedir que sean demolidas las construcciones.

“Han presentado las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, derivadas de los presuntos actos ilícitos de los que se tuvo conocimiento en la diligencia realizada el pasado 27 de mayo, como el posible uso ilegal de bienes nacionales y maltrato animal”, agregó.

Apuntó que considera que los medios de defensa emprendidos en favor de las obras ilegales son una maniobra para intentar evadir un acto de justicia encaminado a evitar el acaparamiento de agua en una cuenca con alto estrés hídrico.

“Conagua ratifica que las sanciones se determinaron por realizar obras sobre propiedad federal, aprovechar el recurso hídrico y desviar el normal cauce de un cuerpo de agua, sin contar con el permiso correspondiente, anomalía que persiste y no puede continuar”, finalizó.