Un grupo de ciudadanos integrantes de un colectivo autonombrado como “Alianza del primero de junio de 2025”, envió un oficio al Instituto Estatal Electoral (IEE), donde aseguran que ocho ganadores del Pasado Proceso Electoral del Poder Judicial del Estado, incumplen con varios de los requisitos de la ley y pidieron una revisión de los casos.
A través de un comunicado, firmado por Eduardo Gómez Caballero y Briana Díaz Esparza, representantes de Alianza del primero de junio de 2025”, explicaron la justificación de dicha solicitud al órgano electoral y enlistaron a las personas que, con base en su análisis, no cumplieron con los requisitos establecidos en la convocatoria y, aun así, participaron en el proceso y resultaron ganadores.
“Expresamos nuestra profunda preocupación por la forma en que se ha desarrollado el proceso electoral para la designación de magistraturas del Poder Judicial del Estado de Chihuahua.
Más allá de las prácticas de fraude electoral —que creíamos superadas y que, sin embargo, fueron evidenciadas públicamente con asombro generalizado y con la permisividad, o incluso posible complicidad, de las autoridades competentes—, advertimos con alarma el arribo a estos cargos de personas cuyos perfiles no fueron examinados rigurosamente conforme a los requisitos constitucionales de elegibilidad”.
Expusieron que el Instituto Estatal Electoral fue omiso en verificar de forma exhaustiva el cumplimiento de dichos requisitos por parte de las personas más votadas, motivo por el cual, el 18 de junio presentaron ante el Tribunal Estatal Electoral una solicitud de nulidad respecto de las constancias de mayoría entregadas a diversos ganadores, sobre quienes se ha hecho pública información que permite presumir la ausencia de uno o más de los requisitos constitucionales.
Estas personas son: Rubén Aguilar Gil; José Luis Chacón Rodríguez; Nyria Janette Trevizo Rivera, Gloria Angélica Mendoza Beltrán; Cristina Guadalupe Sandoval Holguín; Emmanuel Chávez Chávez; Gerardo Javier Acosta Barrera y Marcela Herrera Sandoval
En los casos de Rubén Aguilar Gil, José Luis Chacón Rodríguez, Nyria Janette Trevizo Rivera, Gloria Angélica Mendoza Beltrán, Cristina Guadalupe Sandoval Holguín y Emmanuel Chávez Chávez, se les exentó indebidamente de acreditar los requisitos legales por el solo hecho de ocupar cargos de secretaría de acuerdos en salas vacantes, sin ser magistradas o magistrados en funciones. Esta exención carece de sustento constitucional y constituye una forma de eludir el cumplimiento de la ley.
Asimismo, los denunciantes refirieron que hay información que indica que Rubén Aguilar Gil, Nyria Janette Trevizo Rivera y Cristina Guadalupe Sandoval Holguín no reúnen el requisito de contar con un promedio académico igual o superior a 8. Además, Rubén Aguilar Gil, José Luis Chacón Rodríguez y Gloria Angélica Mendoza Beltrán no cuentan con experiencia comprobada de al menos tres años en la materia correspondiente a la magistratura por la que fueron electos.
Añadieron que tanto Rubén Aguilar Gil como Gloria Angélica Mendoza Beltrán fueron designados como secretarios de acuerdos durante el desarrollo del proceso electoral, lo cual no sólo evidencia un uso estratégico e indebido de dichos nombramientos, sino que apunta de manera directa a la utilización de cargos públicos para cometer fraude electoral.
Manifestaron que, en cuanto a Gerardo Javier Acosta Barrera, aun siendo magistrado en funciones, se ha difundido información que hace presumir que tampoco cumple con el requisito del promedio académico mínimo.
Finalmente, en el caso de Marcela Herrera Sandoval, indicaron que su currículum disponible en la plataforma oficial “Conóceles” evidencia la falta de experiencia y conocimientos acreditados en materia procesal familiar. Su trayectoria se limita al ámbito académico y administrativo, lo que representa un riesgo para la adecuada impartición de justicia en una materia tan sensible como lo es la familiar.
Aseguraron que la integración del Tribunal Superior de Justicia debe garantizarse a través de perfiles con trayectoria probada, conocimientos sólidos, ética profesional y compromiso con la independencia judicial. Ceder estos espacios a personas que no cumplen con los estándares legales y profesionales mínimos vulnera el Estado de Derecho y mina la confianza ciudadana en las instituciones de justicia.
“Exigimos un Poder Judicial fuerte, legítimo e independiente, integrado por quienes verdaderamente tengan la preparación, la experiencia y la integridad necesarias para impartir justicia con profesionalismo y autonomía”.