Chihuahua.- El fiscal Anticorrupción del Estado, Abelardo Valenzuela, comentó que están investigando posibles implicaciones penales en la designación de María Cristina Berjes, quien renunció a su cargo de jueza penal, para aceptar ser secretaria de Sala. Explicó que asumir un puesto como la secretaría de Sala, implica cumplir con una serie de requisitos y no solamente de una decisión administrativa.
Apuntó que la designación representaría el delito de uso indebido de funciones, llegando incluso al Órgano de Administración Judicial (OAJ) del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
El 17 de septiembre María Cristina del Rosario Berjes Cardoso, quien resultó la ganadora en la elección para ser una de las juzgadoras especializada en Violencia de Género en el Distrito Judicial Morelos, renunció al cargo para ser la secretaria de la Sala Uno Penal, a cargo de Claudia Cristina Campos Núñez, de acuerdo con la información proporcionada al personal del juzgado.
Berjes Cardoso era de una de las juzgadoras con más experiencia en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), ya que logró ratificarse en el cargo en la elección. Sin embargo hasta ahora es el primero de los casos de juzgadores que optan por renunciar y dejar el cargo vacante.
De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, en casos en que un titular deje el cargo, el secretario asumirá las funciones, mientras que el Órgano de Administración Judicial decidirá un juez provisional.
A decir de Valenzuela, existen cuatro denuncias de diferentes orígenes contra la designación de Berjes como secretaria de Sala, debido a que los cargos de elección judicial son irrenunciables. Además de que ocupar ese puesto exige un perfil que no tiene la juzgadora. Precisó que las denuncias son de colectivos sociales, abogados y anónimas.
Enfatizó que será investigado todos los que hayan sido parte de este proceso, ya que no estarán limitados a la jueza y la magistrada, sino que abarcarán también al OAJ, ya que no tiene las facultades para cambiar un cargo que proviene de un proceso electoral y que fue a través del Poder Legislativo que asumieron le encomienda.
Mencionó que las consecuencias en este caso también pueden ser administrativas. Expuso que están enterados que existe una investigación ante la Unidad de Investigación Administrativa del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
Concluyó que es importante que casos como estos lleguen a las instancias como la Fiscalía Anticorrupción, ya que tiene las facultades para castigar las malas prácticas en la función pública.