El presidente la Comisión de Seguridad del Ayuntamiento de Chihuahua, Issac Díaz Gurrola, lanzó cuestionamientos sobre la forma en que se están conduciendo las investigaciones contra funcionarios señalados por posibles vínculos con el crimen organizado.

El regidor del Partido Acción Nacional (PAN) calificó como un tratamiento desigual en los casos recientes, particularmente aquellos que involucran a autoridades de Sinaloa. Desde su perspectiva, las indagatorias no estarían siguiendo un criterio uniforme, sino que responden a decisiones selectivas.

Advirtió que el problema podría ir más allá de un solo estado. Afirmó que los señalamientos recientes abren la puerta a una discusión más amplia sobre la posible infiltración del crimen en estructuras gubernamentales, especialmente en administraciones vinculadas a Morena. Bajo esa lectura, sostuvo que no se trataría de hechos aislados, sino de una situación que amerita una revisión de fondo.

Uno de los puntos más críticos de su posicionamiento fue el papel que han asumido autoridades de Estados Unidos en este tipo de investigaciones; consideró preocupante que sean instancias extranjeras las que encabecen indagatorias relacionadas con narcotráfico en México, cuando esa responsabilidad corresponde directamente a la Fiscalía General de la República (FGR)

En contraste, señaló que dentro del país existen casos donde funcionarios que han encabezado acciones contra grupos criminales han enfrentado señalamientos o procesos. Mencionó como ejemplo al ahora, ex fiscal general, César Gustavo Jáuregui Moreno, así como a la gobernadora María Eugenia Campos Galván, quienes han sido objeto de cuestionamientos tras operativos relevantes en materia de combate al narcotráfico como el desmantelamiento del laboratorio de drogas en el municipio de Morelos.

El posicionamiento ocurre en un momento en el que la estrategia federal de seguridad, impulsada por la administración de Claudia Sheinbaum, ha insistido en la defensa de la soberanía nacional frente a la intervención de agencias extranjeras, aunque sin romper los esquemas de cooperación bilateral con Estados Unidos.

La discusión ha cobrado mayor fuerza tras la difusión de investigaciones y señalamientos desde el vecino país del norte que involucran a figuras públicas mexicanas, entre ellas el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Estos casos han generado un debate sobre la efectividad de las instituciones mexicanas para investigar y sancionar delitos relacionados con el narcotráfico, así como sobre los límites de la colaboración internacional en materia de justicia.

En este escenario, las declaraciones del regidor chihuahuense se suman a una conversación nacional que sigue escalando y que pone en el centro la credibilidad de las autoridades, la transparencia en las investigaciones y el papel que deben asumir tanto México como sus socios internacionales en el combate al crimen organizado.